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PLAN DE GOBIERNO 2021 - 2026 NUEVA CONSTITUCIÓN VÍA REFERÉNDUM Diciembre 2020Plan de Gobierno de Democracia Directa 2021-2026 Estamos en un mundo en constante trans - formación y la Agenda 2030 juega un papel fundamental en el proceso de desarrollo global. Es a través de esta hoja de ruta que se insta a todos los países, pobres o de ingresos medianos o altos, a adoptar medidas para promover la prosperidad y al mismo tiempo proteger al planeta, poniendo énfasis en que el ser humano está en el centro del desarrollo y que, por consiguiente, ‘nadie se quede atrás’. La acción global debe lograr, más allá de sacar a las personas de la pobreza, enfocarse en derribar las barreras históricas de desigualdad que condicionan el desarrollo individual y colectivo, entre los países y al interior de éstos. María del Carmen Sacasa Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Perú 2Introducción Las elecciones generales del 2021 se han convocado en un escenario de crisis política y escasa gobernabilidad; donde la población ha perdido la fe en las instituciones del Estado Peruano, porque los representantes elegidos por ellos finalmente no los representan y porque existe una amplia red de corrupción imperante en estas instituciones. Se puede argumentar que es una crisis que se originó porque se elige malos candidatos; sin embargo, esta situación de crisis institucional se ha mantenido más allá de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y la sustitución por Martín Vizcarra y ha continuado a pesar del cierre del Congreso y la elección de un Nuevo Congreso que finalmente declaró la vacancia de Martín Vizcarra. Esto no es un problema de personas, sino que es el sistema de contrapesos democráticos el que no funciona y esto obliga a pensar una reforma profunda en el sistema político de representación y toma de decisiones que afectan al país. A la crisis política, gracias a una actitud irresponsable del Congreso de la República, se ha agregado una crisis de gobernabilidad donde la población en general no cree ni respeta las decisiones del Gobierno Nacional o del Congreso de la República porque se ha convencido que quienes los conducen son irresponsables, ya que piensan y deciden en función de intereses personales o de grupo, pero que no benefician a la mayoría de la población. Estos aspectos están levantando olas de protesta social y demandas insatisfechas, justo en el marco de la pandemia de la COVID-19 y la crisis económica. El Perú ha sido el país con el mayor crecimiento económico entre el 2002 y el 2013 (12 años). La economía nacional creció a un promedio del 6.2%, mientras la economía mundial lo hizo a una tasa del 4% y a esto se le llamó “milagro económico”. Ahora enfrentamos una gran crisis económica producto de la pandemia de la COVID-19, en la que han quebrado muchas empresas, siendo el más afectado el sector informal; en consecuencia, se ha perdido 4 millones de puestos de trabajo, lo que se refleja en incremento de la pobreza. A la vez, tenemos una crisis institucional y moral, debido al abuso del poder y la corrupción existente en todos los niveles del Estado Peruano que han llevado a la población al hartazgo y a las calles, exigiendo cambios, reformas en el sistema económico, más empleo, mejores sueldos y más oportunidades. Sin embargo, la crisis sanitaria producida por la COVID-19 (parte de la pandemia mundial) ha evidenciado que el crecimiento económico de 12 años no ha ayudado a mejorar ni las condiciones de vida de la gente, ni a mejorar la calidad de los servicios en educación, salud y seguridad ciudadana, los que aparecen obsoletos, sin equipamiento y sin capacidad de respuestas a situaciones de emergencia y menos en catástrofes. Este viejo “Estado seudo liberal”, oligárquico, al servicio de pequeños grupos de poder y de espaldas a las necesidades de la gente, no va más. La población en las calles está expresando su hartazgo, su disconformidad y es necesario que la clase política en general y en especial los partidos políticos, tomen la histórica decisión de abandonar esa mirada “cortoplacista” para guiar al gobierno en “piloto automático” y mantener el continuismo de un modelo 3económico desfasado y un modelo político autoritario, excluyentes y generadores de la profundización de las brechas sociales. Los miembros de la Organización Política Democracia Directa desde hace más de una década hemos venido afirmando que el Perú requiere con urgencia cambios profundos en el sistema político y económico para garantizar el progreso y una vida mejor para su gente y que esas reformas deben nutrirse del contenido de la constitución; por lo tanto, en esencia se requiere de una Nueva Constitución. Sin embargo, el descrédito y deformación del sistema de representación lo inhabilita para seleccionar asambleístas responsables para representar los intereses de sus electores y cumplir con la tarea de elaborar una Nueva Constitución que represente los intereses de todos los peruanos y no solo de los pequeños grupos de poder. Por eso proponemos que le corresponde a toda la población peruana de Costa, Sierra y Selva y de todos los estratos sociales, la responsabilidad de elaborar y aprobar una NUEVA CONSTITUCIÓN a través de un Referéndum Constitucional Ciudadano. El plan de gobierno que le presentamos a continuación está orientado a cumplir esas dos profundas y perentorias demandas de los peruanos: (a) un programa de intervención inmediata del gobierno para enfrentar la crisis económica, política y moral, donde generalmente se propondrán políticas de corto y mediano plazo y (b) una propuesta de Referéndum Constitucional Ciudadano en el primer año del gobierno, que permita recuperar a los peruanos su soberanía sobre el uso de sus recursos naturales, cambiando el modelo económico primario-exportador instalado en la colonia y continuado a la fecha, por un modelo de industrialización diversificada de nuestros productos con alto valor agregado, apoyado en el uso de la ciencia y la tecnología, lo que garantizará millones de puestos de trabajo digno y con pleno respeto de los derechos laborales. Desde el gobierno, vamos a asumir con primera prioridad a la superación el estado de abandono en que se encuentra la salud, la educación, el empleo y la seguridad ciudadana en el Perú. Nunca más debe repetirse la infausta historia, de 80,000 peruanos fallecidos por falta de previsión y escasa capacidad de los hospitales o muertos por el monopolio y acaparamiento de gas, medicamentos y ropa de protección para los trabajadores de la salud. Para la población queda claro que si bien es cierto los gobiernos tienen una gran responsabilidad por su ineficacia, insensibilidad social y su cinismo de permitir la corrupción en plena pandemia, la gente debe comprender que más allá de las personas y los partidos, la causa principal de esta situación es la constitución política neoliberal de 1993, la que prioriza los negocios de los grupos de poder económico y político por encima de las necesidades y derechos de las personas. Nuestra propuesta no se aleja mucho de los consensos generales del Acuerdo Nacional, donde abogan por: • • Un sistema unificado de salud. Calidad educativa eliminando brechas y con acceso a educación virtual en todos los niveles 4• • • • Crecimiento económico sostenible Continuidad de la reforma política y del sistema de administración de justicia Lucha contra la pobreza y pobreza extrema Acabar con el estancamiento de la descentralización, con recorte de presupuesto y falta de apoyo técnico político para constituir las macro regiones. La construcción de la República de Democracia Total en una Nación para Todos implica completar la construcción del Perú como nación soberana y auténticamente democrática y exige resolver a plenitud los problemas históricos pendientes que arrastramos como herencia colonial de larga data y que el advenimiento de la República no ha sido capaz de afrontar hasta la actualidad. Estas cuestiones históricas no resueltas se sintetizan en: falta de identidad histórica, débil soberanía nacional, falta de integración nacional y cohesión social como parte de un Proyecto Nacional en el marco de la unidad de los pueblos de Nuestra América, democracia incompleta usurpadora de la soberanía popular y, finalmente, la persistencia de un Estado Oligárquico, de matriz colonial, configuración monocultural y naturaleza aparente (Democracia Directa, 2016). 5Tabla de contenidos I. DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD PERUANA 8 I.1 Eje 1 – Derechos fundamentales y dignidad de las personas  9 I.1.1 Bajo índice de desarrollo humano del Perú . 9 I.1.2 Los conflictos sociales y la poca capacidad de resolución de conflictos del Estado Peruano 10 I.1.3 Deficientes servicios de salud . 10 I.1.4 Baja calidad de la educación  12 I.1.5 Inseguridad ciudadana y la necesidad de la participación de las fuerzas armadas en el desarrollo nacional 14 I.2 Eje 2 – Oportunidades y acceso a los servicios  . 16 I.3 Eje 3 – Estado y gobernabilidad . 17 I.3.1 Necesidad urgente de una nueva Constitución Política del Perú 17 I.3.2 Perjuicio económico generado por la corrupción 18 I.4 Eje 4 – Economía, competitividad y empleo  19 I.5 Eje 5 – Desarrollo regional e infraestructura . 20 I.6 Eje 6 – Recursos naturales y ambiente  21 II. VISIÓN, MISIÓN, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  . 22 II.1 Visión del Perú al 2050  . 22 II.2 Misión  . 22 II.3 Principios . 22 II.4 Lineamientos estratégicos 22 II.5 Objetivos estratégicos  . 23 II.5.1 Dimensión social  23 II.5.2 Dimensión económica 25 II.5.3 Dimensión ambiental . 25 II.5.4 Dimensión institucional  25 III. EJES FUNDAMENTALES DEL PLAN DE GOBIERNO . 26 III.1 Eje 1 – Derechos fundamentales y dignidad de las personas 26 III.1.1 Atención inmediata a los conflictos sociales y fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo . 26 III.1.2 Derecho a la salud 26 III.1.3 Derecho a la educación . 28 III.1.4 Derecho a la seguridad ciudadana y a la defensa nacional 31 III.2 Eje 2 - Oportunidades y acceso a los servicios  . 33 III.3 Eje 3 – Estado y gobernabilidad . 33 6III.3.1 Lograr la aprobación de una nueva Constitución Política del Perú 33 III.3.2 Lucha frontal contra la corrupción . 34 III.3.3 Política exterior  36 III.4 Eje 4 – Economía, competitividad y empleo . 36 III.4.1 Cambio del modelo económico  . 37 III.4.2 Reactivación de la economía . 37 III.4.3 Reparto justo de la riqueza . 38 III.4.4 Sistemas de pensiones  39 III.4.5 Reducción de la informalidad, incremento de la recaudación tributaria y reforma tributaria 39 III.4.6 Competitividad  . 41 III.4.7 Gasto eficiente del Estado  43 III.5 Eje 5 – Desarrollo regional e infraestructura  43 III.6 Eje 6 – Recursos naturales y ambiente 44 IV.PROPUESTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GOBIERNO 45 7I. DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD PERUANA 8I.1 Eje 1 – Derechos fundamentales y dignidad de las personas Entre los problemas de este eje tenemos los siguientes: (a) bajo índice de desarrollo humano del Perú, (b) los conflictos sociales y la poca capacidad de resolución de conflictos del Estado Peruano, (c) los deficientes servicios de salud, (d) la baja calidad de la educación y (e) la inseguridad ciudadana y la necesidad de la participación de las fuerzas armadas en el desarrollo nacional. Los problemas expuestos serán desarrollados a continuación. I.1.1 Bajo índice de desarrollo humano del Perú El índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad (IDH-D) del Perú tuvo un valor bajo de 0.473 en el 2017 (PNUD, 2019). Además, las regiones con menores índices de desarrollo humano ajustado por desigualdad fueron las siguientes: (a) Puno (0.234), (b) Huancavelica (0.245), (c) Cusco (0.245), (d) Cajamarca (0.25), (e) Apurímac (0.254) y (f) Ayacucho (0.255) (PNUD, 2019). Cabe resaltar que el IDH-D ajusta el índice de desarrollo humano (IDH) “según la desigualdad en la distribución de las dimensiones entre la población” (p. 73). Según los especialistas del PNUD (2018, p. 22), los componentes para el cálculo del índice de desarrollo humano son: (a) esperanza de vida al nacer (en años), (b) años esperados de escolaridad, (c) años promedio de escolaridad y (d) ingreso nacional bruto (INB) per cápita; además, los niveles de desarrollo son los siguientes: (a) desarrollo humano muy alto (de 0.8 a 1.0), (b) desarrollo humano alto (de 0.7 a menos de 0.8), (c) desarrollo humano medio (de 0.55 a menos de 0.7) y (d) desarrollo humano bajo (menos de 0.55). En el resumen ejecutivo del informe “El Reto de la Igualdad”, los especialistas del PNUD (2019) precisaron lo siguiente: 1. El desarrollo humano del Perú en el período 2003-2019 ha progresado sostenidamente creciendo a una tasa acumulada mayor al 60%; sin embargo, existen territorios que no han sido explotados en su totalidad y presentan brechas debido a desafíos estructurales como: piso altitudinal, baja densidad poblacional y nivel de diversificación productiva (p. 11). 2. A mayor altitud se tiene menor IDH, lo que evidencia la relación entre el desarrollo humano y el piso altitudinal (p. 12). 3. La especialización productiva de un territorio y el acceso a capacidades y recursos para su producción están relacionados directamente con su desarrollo humano (p. 12). 4. Se debe superar la desigualdad para aprovechar todo el potencial de desarrollo de los territorios (p. 12). 5. El Índice de Densidad del Estado (IDE) muestra que el Estado ha llegado a las alturas andinas; pero, aún encuentra desafíos para descender a la selva baja debido al factor geográfico y las distancias. 96. Al leer conjuntamente el IDH y el IDE se constata que la presencia de servicios del Estado no se concreta de inmediato en el desarrollo humano. 7. Para convertir al territorio en verdadero motor de desarrollo humano sostenible se requiere: A. Reorientar y profundizar la descentralización, mejorando las capacidades de gestión territorial en los gobiernos regionales y locales, y promoviendo una mayor coordinación intergubernamental (p. 13). B. Flexibilizar la organización territorial del Estado, superando las rigideces impuestas por las actuales circunspecciones político-administrativas (p. 13). I.1.2 Los conflictos sociales y la poca capacidad de resolución de conflictos del Estado Peruano Desde septiembre 2019 hasta septiembre 2020, la cantidad de conflictos sociales registrados ha sido prácticamente la misma, la que ha estado entre 184 y 192, siendo 189 la cantidad registrada a septiembre 2020 (Defensoría del Pueblo, 2020), lo que evidencia la poca capacidad de resolución de conflictos que tiene el Estado Peruano. Además, la cantidad de conflictos sociales por nivel de gobierno ha sido la siguiente: (a) gobierno nacional (116 – 61.4%), (b) gobierno regional (46 – 24.3%), (c) gobierno local (19 – 10.1%), (d) Poder Judicial (4 – 2.1%), (e) organismos constitucionales autónomos (2 – 1.1%) y (f) Poder Legislativo (2 – 1.1%) (Defensoría del Pueblo, 2020, p. 7). Entre las razones de la baja capacidad de resolución de conflictos y otras demandas de protección de derechos que tiene la población peruana, está el bajo presupuesto institucional de la Defensoría del Pueblo, lo que no le permite llegar a toda la población que requiere su intervención. El presupuesto institucional de apertura del 2020 de la Defensoría del Pueblo fue S/. 73’574,449 soles, el cual es insuficiente para atender la demanda y contribuir a la solución de los conflictos sociales. Además, sus recomendaciones no tienen carácter vinculante o de cumplimiento obligatorio por parte de las entidades observadas, lo que finalmente no contribuye a que se implementen. I.1.3 Deficientes servicios de salud El Perú tiene un sistema fragmentado de salud: Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – Essalud, Ministerio de Defensa (Hospital Militar, Hospital Naval y Hospital de la Fuerza Aérea) y Ministerio del Interior (Hospital de las Fuerzas Policiales). Esta situación dificulta la toma de decisiones y la implementación inmediata y adecuada de las políticas. El sistema de salud abarca tratamiento y recuperación de la enfermedad; pero, no hay sistema de promoción del cuidado de la salud que promocione hábitos de vida saludables y detección inmediata de signos y síntomas de enfermedad. Se requiere garantizar la capacidad de respuesta del primer nivel de atención a la pandemia de la COVID-19 para tener una respuesta inmediata a los 10requerimientos de cada familia, con asistencia profesional, medicamentos y orientaciones, evitando su complicación. Además, se requiere regulación, control y drásticas sanciones relacionadas con malas prácticas o delitos asociados a la producción y distribución de oxígeno y medicamentos, para evitar la especulación y el abuso. Al 16 de diciembre de 2020, la pandemia de la COVID-19 sigue en aumento, habiendo llegado a 989,457 casos confirmados con un 3.73% de letalidad (Ministerio de Salud, 2020c) y a la fecha no ha realizado pagos por la compra de vacunas (Gestión, 2020b). Sin embargo, los sistemas de salud del Estado Peruano ya eran deficientes antes de la pandemia de la COVID-19 y durante el desarrollo de esta pandemia simplemente han colapsado. En gran parte se debe a que el presupuesto institucional modificado a octubre 2020 del Ministerio de Salud fue S/. 9,769’434,242 soles (Ministerio de Salud, 2020a). Este presupuesto no ha sido suficiente para atender la pandemia y tampoco es suficiente para dar una atención de salud de calidad para los peruanos. Además, el sector salud recibe aproximadamente solo el 3% del PBI (El Peruano, 2020, párr. 3), por lo que urge que se destine progresivamente un presupuesto mucho mayor para mejorar significativamente la calidad de los servicios de salud para la población peruana. La desnutrición crónica en niños menores de 5 años del 2015 al 2019 ha descendido de 18.8% a 16% (Instituto Nacional de Salud, 2020a, p. 12), siendo las regiones de Huancavelica, Cajamarca y Loreto las más afectadas con 30.1%, 27.3% y 24.5% respectivamente, en el 2019 (Instituto Nacional de Salud, 2020a, p. 13). Además, la anemia en niños menores de 5 años ha descendido de 49.8% a 37% (Instituto Nacional de Salud, 2020a, p. 3), siendo las regiones de Ucayali, Madre de Dios y Cusco las más afectadas con 60.4%, 55.5% y 52.7%, respectivamente, en el 2019 (Instituto Nacional de Salud, 2020a, p. 4); sin embargo, la pandemia de la COVID-19 habría agravado esta situación aún más. También cabe resaltar que el presupuesto modificado institucional del Programa Articulado Nutricional ha aumentado de S/. 1,199 millones a S/.2,845 millones del 2008 al 2019 (ComexPerú, 2020, párr. 3); sin embargo, este incremento presupuestal ha sido insuficiente para superar la desnutrición crónica y la anemia en el Perú. El presupuesto institucional modificado del programa presupuestal “0131 Control y prevención en salud mental” al 30 de setiembre de 2020 fue 126.6 millones (Mazzetti, 2020, p. 17). Este presupuesto insuficiente no permite ni siquiera tener el personal especializado que se requiere para la atención a los pacientes en todas las regiones. Cabe resaltar que los casos de problemas de salud mental atendidos desde el 2009 hasta el 2017 han crecido de la siguiente manera: (a) ansiedad (de 165,461 a 245,503), (b) depresión (de 105,300 a 187,311), (c) violencia (de 51,834 a 100,881), (d) psicosis (de 21,769 a 66,583) y (e) adicciones (de 12,097 a 44,661) (Ministerio de Salud, 2018, p. 26). Además, se estableció como línea de base que en el 2017 se atendía al 20.4% de la población con problemas de salud mental (Ministerio de Salud, 2018, p. 42). Estas deficiencias en la atención habrían incrementado durante la pandemia de la COVID-19, existiendo más del 70% de la población peruana con problemas de salud mental que no estarían siendo atendidas. 11I.1.4 Baja calidad de la educación La calidad de la educación peruana ha sido baja en la educación básica regular y en la educación superior universitaria y no universitaria. Para el año 2020, el presupuesto del sector educación ha sido el 17.7% con respecto al presupuesto total del Estado Peruano (Alva, 2020). Según los especialistas de Channel News Perú (2020): para el año 2020 se destinó el 3.8% del Producto Interno Bruto para el sector educación, siendo un monto de S/. 31,328 millones. Con respecto a los niveles de desempeño de lectura en la prueba PISA en los estudiantes de la educación básica regular, en el 2018 se tuvo: (i) 54.4% de los estudiantes en el nivel 1 (niveles 1a, 1b, 1c y menor al 1c), (ii) 25.8% en el nivel 2, (iii) 14.3% en el nivel 3, (iv) 4.8% en el nivel 4, (v) 0.8% en el nivel 5 y (vi) 0.0% en el nivel 6 (Ministerio de Educación, 2019, p. 18). Además, el Perú ocupó el puesto 64 de 77 países en la prueba internacional PISA 2018 en comprensión lectora (Gestión, 2019). Si bien en esta última evaluación de PISA del 2018 se ha mejorado, a diferencia de las anteriores en las cuales desde de los inicios de la participación del Perú en esta prueba aparecíamos en los últimos puestos a nivel mundial, aún falta mucho por mejorar para estar por lo menos en el nivel promedio mundial. Con respecto a los niveles de desempeño de matemática, en el 2018 se tuvo: (i) 32% en el nivel menor a 1, (ii) 28.4% en el nivel 1, (iii) 21.0% en el nivel 2, (iv) 9.8% en el nivel 3, (v) 4.8% en el nivel 4, (vi) 0.8% en el nivel 5 y (vii) 0.1% en el nivel 6 (Ministerio de Educación, 2019, p. 31). Además, con respecto a los niveles de desempeño de ciencias en la prueba PISA en los estudiantes de la educación básica regular, en el 2018 se tuvo: (i) 54.5% de los estudiantes en el nivel 1 (niveles 1a, 1b y menor a 1b), (ii) 29.0% en el nivel 2, (iii) 13.2% en el nivel 3, (iv) 3.1% en el nivel 4, (v) 0.2% en el nivel 5 y (vi) 0.0% en el nivel 6 (Ministerio de Educación, 2019, p. 44). Los avances logrados en los niveles de desempeño de lectura, matemática y ciencias habrían descendido notablemente sobre todo en las zonas rurales y en las zonas urbanas en las que el acceso a Internet ha sido deficiente o nulo. Además, a esto se le debe sumar la pérdida de varios meses sin clases debido a las medidas de emergencia sanitaria por la COVID-19 antes que se inicie el desarrollo de las clases virtuales. Cabe resaltar también que los docentes y los estudiantes no estaban acostumbrados al dictado de las clases virtuales y por lo tanto, estas no habrían tenido los mismos resultados de aprendizaje que las clases presenciales en las instituciones educativas tanto urbanas como rurales. La desatención de varios gobiernos ha mantenido a muchos colegios al borde total o parcial del colapso. Según el diagnóstico de brechas del Ministerio de Educación descrito en la Resolución Ministerial 049-2020-MINEDU, los porcentajes de centros educativos con capacidad instalada inadecuada en los que se brinda el servicio educativo son los siguientes: (a) 92.32% en la educación inicial, (b) 96.07% en la educación primaria, (c) 91.53% en la educación secundaria, (d) 88.85% en la educación básica alternativa, (e) 93.49% en la educación básica especial, (f) 98.99% en el programa de 12intervención temprana, (g) 100% en la educación superior artística, (h) 92.49% en la educación superior tecnológica y (g) 94.56% en la educación técnico productiva (Ministerio de Educación, 2020), Según lo expuesto por el ex - ministro Daniel Alfaro, existe una brecha de 100,000 millones de soles (Gestión, 2018). Igualmente hay retraso en su equipamiento que hace la educación a distancia-virtual casi impracticable que por ahora se sustenta en laptops, tablets y celulares particulares. Durante el 2020 en plena pandemia, los profesores no estaban capacitados para la implementación de programas de educación virtual siendo un reto muy grande que debieron enfrentar (Defensoría del Pueblo, 2020b). Se ha improvisado y aprendido en la práctica. El artículo 23 del Reglamento de la Educación Básica Regular precisa lo siguiente: “El Ministerio de Educación establece los lineamientos para la diversificación curricular a nivel regional e institucional para que, basados en el Diseño Curricular Nacional de la EBR, se construyan currículos pertinentes a las características específicas, necesidades y demandas de los estudiantes en función de sus entornos socio-culturales, lingüísticos y económico-productivos.” (Ministerio de Educación, 2004). Sin embargo, estas mejoras en los diseños curriculares de la educación básica regular aún no se concretan a nivel nacional, regional y local. Con respecto a la calidad de la educación superior, cabe resaltar que esta no ha permitido de manera suficiente el desarrollo de la ciencia y la innovación debido a que no se ha tenido suficiente cantidad de investigadores calificados. Al 18 de diciembre de 2020 se tuvo 5531 docentes investigadores calificados inscritos en el Registro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Renacyt) del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), según se pudo visualizar en su portal: https://renacyt.concytec.gob.pe/. Cada uno de los docentes que dictan cursos de investigación científica e innovación en las diversas universidades deberían estar inscritos en este registro para evidenciar competencias mínimas de investigación científica e innovación para asesorar las investigaciones científicas, tales como: trabajos de investigación y tesis de pregrado y postgrado, así como las innovaciones que puedan llegar a un nivel mínimo para ser aceptadas como registros de propiedad intelectual y derechos de autor. Por ello, se hace necesario que se incremente significativamente la cantidad de investigadores calificados que puedan asesorar los desarrollos de investigaciones científicas e innovaciones. Al igual que en la educación básica regular, la educación superior universitaria y no universitaria tampoco estuvo preparada para afrontar los retos de la educación virtual durante la pandemia de la COVID-19. Se presentaron problemas de acceso a Internet, problemas pedagógicos por parte de los docentes, así como dificultades para el uso de herramientas tecnológicas en los docentes y en los estudiantes. Además, a esto se le debe sumar los problemas administrativos propios de las entidades educativas para adaptarse al aislamiento social, así como las dificultades para el acceso a los laboratorios 13para que se pueda desarrollar las competencias necesarias para los diversos cursos. Todo esto requeriría que se desarrollen talleres de nivelación en las entidades educativas de la educación básica regular y de la educación superior universitaria y no universitaria para que se pueda tener por lo menos los niveles de desarrollo de competencias que se esperaba en un contexto sin la existencia de la pandemia de la COVID-19. A estos aspectos hay que sumar que todavía no se tiene una fecha clara sobre cuando estarán disponibles las vacunas para proteger a la población peruana contra la COVID-19. I.1.5 Inseguridad ciudadana y la necesidad de la participación de las fuerzas armadas en el desarrollo nacional La inseguridad ciudadana ha aumentado en la última década, lo que se refleja en el incremento de la cantidad de delitos de los cuales la población peruana ha sido víctima, así como las denuncias registradas. Esta tendencia creciente de la inseguridad ciudadana seguirá aumentando debido a la crisis económica generada por la COVID-19 si no se toman las medidas adecuadas para combatirla. Los problemas de la seguridad ciudadana tienen causas diversas; sin embargo, cabe resaltar la falta de efectivos policiales, el bajo nivel de equipamiento y servicios especializados en las comisarías y dependencias policiales y que las cárceles no son centros de preparación efectivos para la reinserción sociales de los reclusos. Cabe resaltar además que pese a la falta de efectivos policiales, su rol ha sido vital para controlar el avance de la pandemia durante el período de aislamiento social decretado por la emergencia de la COVID-19, al igual que el rol desarrollado por las fuerzas armadas. Desde el 2012 hasta el 2017 se aumentó el total de efectivos policiales en las comisarías de 34,805 a 47,265, lo que a su vez ha aumentado el ratio de efectivos policiales por población desde 1 policía por cada 866 habitantes hasta 1 policía por cada 673 habitantes (Universidad Antonio Ruiz de Montoya, 2019). Sin embargo, de marzo a agosto 2020, los porcentajes de la población peruana que sufrieron algún hecho delictivo fueron: (a) 17.2% de la población de centros poblados urbanos entre 2 mil y 20 mil habitantes, (b) 23.7% de la población nacional urbana y (c) 26.3% de la población de ciudades de 20 mil a más habitantes (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020a, p. 1). Cabe resaltar que al 14 de abril de 2020 había aproximadamente 136 mil efectivos policiales en el Perú (Instituto de Defensa Legal, 2020) y que a inicios de agosto 2020 se incorporó 5001 efectivos policiales (Infodefensa, 2020a), sumando aproximadamente 141 mil efectivos policiales a agosto 2020. Además, se debe mejorar las condiciones de infraestructura, equipamiento y servicios especializados para que la Policía Nacional del Perú pueda realizar sus funciones de manera efectiva (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018a). Las cárceles peruanas han polarizado a la población reclusa y libre y los ha desconectado como parte de la misma sociedad a lo largo de su historia, lo que hace muy difícil la reinserción social de los recién liberados (Aspauza, 2020, p. 14334). Según los especialistas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020a, p. 3), los delitos de los cuales la población peruana de 15 y más años de edad ha sido víctima desde marzo hasta agosto 2020, se han distribuido de la siguiente manera: (a) robo de dinero, cartera o celular (13.8%), (b) intento de robo de dinero, cartera o celular (4.8%), (c) estafa (2.9%), (d) robo de vehículo (1.6%), (e) Intento de robo de vehículo (1.0%), (f) amenazas e intimidaciones (1.3%), (g) maltrato y ofensa sexual (1.5%), (h) robo de negocio (0.3%), (i) secuestro y extorsión (0.2%) y (j) otros delitos (0.5%). Con respecto a las denuncias de violencia, en el 2019 se tuvo las siguientes cantidades: ▪ 276,322 denuncias de violencia familiar, de las cuales: (a) 116,458 fueron denuncias de violencia física, (b) 133,653 fueron denuncias de violencia psicológica y (c) 26,211 fueron de otro tipo; además, de enero a junio 2020 se dieron 112,903 denuncias (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020a). ▪ 8,255 denuncias de violencia sexual y de enero a junio 2020 hubo 3,485 denuncias (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020a). Con respecto a los delitos de homicidio cabe resaltar que desde el 2015 hasta el 2018 se ha tenido las siguientes cantidades de víctimas de femicidio: (a) 69 en el 2015, (b) 86 en el 2016, (c) 96 en el 2017, (d) 110 en el 2018 y (e) 104 en el 2019; además, desde enero hasta septiembre 2020 se registraron 96 víctimas de feminicidio (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020). Además, en el 2019 se registraron 2,803 víctimas de homicidio culposo y doloso y de enero a junio 2020 se registraron 1358 víctimas (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020a). Las organizaciones criminales transnacionales comúnmente están diversificadas en los delitos de trata de personas, narcotráfico y terrorismo, entre otras. En el 2019 se desarticuló 4,839 bandas criminales y de enero a junio 2020 se desarticuló 1,633 bandas criminales (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020a). En el 2019 hubo 1,365 denuncias de trata de personas y de enero a marzo 2020 hubo 270 denuncias (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020a). El presupuesto que iba a tener el Ministerio del Interior para el “Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021” era solo 7.5 millones de soles, los que iban a ser divididos entre la Dirección de Investigación de Delitos de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (Dirintrap) de la Policía Nacional y la Dirección de Seguridad Democrática (Ministerio del Interior, 2017a) y no se tenía un presupuesto integrado con las demás instituciones participantes de su implementación (Ministerio del Interior, 2017b). Cabe resaltar que el bajo presupuesto que fue asignado al “Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021” para la Policía Nacional del Perú y la falta de establecimiento de un presupuesto integrado con las demás instituciones evidencia la poca preocupación de los funcionarios de las instituciones involucradas para la solución de este problema que involucra a organizaciones 15criminales transnacionales y que es uno de los peores delitos que se comete contra los seres humanos. En el 2019 se tuvo 12,817 personas detenidas por tráfico ilícito de drogas y de enero a junio de 2020 se detuvo a 3,519 (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020a). Además, en el 2019 se incautó 61,424.3 Kg de droga decomisada y de enero a junio de 2020 se tuvo 23,154.3 Kg. (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020a). El narcotráfico tiene más de 40 años en el Perú, ha involucrado a 50,000 familias y abarca entre 40,000 y 53,000 ha de coca ilícita y la producción asciende entre 300 y 400 toneladas de cocaína; además, el narcotráfico se ha infiltrado en las entidades públicas, en los partidos políticos y en el sector privado (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas – DEVIDA, 2017). También, el narcotráfico en el Perú ha acumulado capital ilícito de más de 20,000 millones de dólares y ha integrado a otras economías ilícitas (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas – DEVIDA, 2017). De enero a junio de 2020 se atendió aproximadamente a 14,611 casos de adicciones a sustancias adictivas (7 320 corresponden a casos atendidos por consumo de alcohol y 7,291 correspondieron a sustancias ilegales como: cannabis, cocaína, etc.) y según los especialistas de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud del Perú: “9.4% de los peruanos tiene consumo problemático y dependencia al alcohol, mientras que el 1.5% tiene dependencia al consumo de drogas ilegales” (Radio Programas del Perú, 2020). Además, solo se tiene 169 camas de internamiento en Lima dedicadas a exclusividad para el tratamiento de pacientes adictos y solo 10 de estas para mujeres (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas – DEVIDA, 2017). Las fuerzas armadas han desempeñado un rol vital durante los primeros meses de la emergencia decretada por la pandemia de la COVID-19 para controlar su avance. Sin embargo, el rol de las fuerzas armadas debería ser más activo para su contribución al desarrollo nacional en épocas normales y también se debería mantener su perfeccionamiento constante para estar mejor preparados para su rol constitucional de defensa del territorio nacional y de la población peruana. Pese a esto último, el presupuesto del sector defensa para el 2021 fue 7,427.5 millones de soles; además, no estuvo prevista la compra de equipos militares relevantes (Infodefensa, 2021). I.2 Eje 2 – Oportunidades y acceso a los servicios La brecha de acceso a los servicios básicos de agua potable, electricidad y combustible no contaminante para cocinar sus alimentos para la población peruana aún es grande. Al respecto, se puede precisar lo siguiente: ▪ Entre abril 2018 y marzo 2019, el 24.8% de la población rural y el 4.8% de la población urbana no tenían acceso al agua potable, siendo el promedio de 90.9% a nivel nacional (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020b). 16▪ Los porcentajes de viviendas que no tenían acceso al servicio de energía eléctrica mediante red pública en el Perú al 2017 eran: (a) 7.7% a nivel nacional, (b) 4.3% en la Costa, (c) 11.2% en la Sierra y (d) 15.5% en la Selva (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018b). ▪ El porcentaje de la población que usaba combustibles contaminantes para cocinar sus alimentos al 2017 era 21.3%, siendo la distribución por tipo de combustible contaminante, la siguiente: (a) 0.8% solo usaba carbón, (b) 17.3% solo usaba leña, (c) 1.8% solo usaba bosta o estiércol y (d) 1.4% usaba varios tipos de combustibles contaminantes (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018c). Además, pese a tener grandes reservas de gas natural, solo el 5.1% de las viviendas usaba gas natural a través de un sistema de tuberías (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018c). I.3 Eje 3 – Estado y gobernabilidad I.3.1 Necesidad urgente de una nueva Constitución Política del Perú La Constitución Política del Perú de 1993 presenta diversas deficiencias que no permiten que respete los derechos fundamentales de los peruanos y que se tenga un modelo económico, político y social que no favorece a los intereses de la población peruana. Al respecto, Alcántara (2020, p. 11) precisó las razones para el cambio constitucional: A. El sistema político representativo ha fracasado por no haber resuelto los problemas de la nación ni haber permitido que los peruanos tengan una vida digna y segura; además, los peruanos se sienten burlados y no representados por el sistema representativo porque gobierna para los grupos de poder. B. El fracaso del sistema político se basa en que no cumple su rol de intermediación entre el Estado y la población peruana, ya que son solo maquinarias electorales que buscan llegar al poder coludidos con los grandes grupos económicos; pero, que no establecen la atención a las necesidades de la población en la agenda política y mientras tanto crece la pobreza y la desnutrición infantil. Por lo expuesto, se tiene la necesidad urgente de modificar el sistema político representativo. C. El modelo económico primario-exportador que no agrega valor está obsoleto, sobre todo en las épocas actuales en las que se tiene auge de la ciencia y la tecnología a nivel global; además, no genera empleo sostenible y es vulnerable por depender de los precios internacionales de los minerales. Se está perdiendo la oportunidad de tener una industria diversificada y potente con alta productividad, generadora de empleo digno, la que resulta la mejor herramienta para democratizar y redistribuir la riqueza sin tener la necesidad de gastar millones de dólares en programas de alivio a la pobreza. 17D. Casi la mitad del Perú vive en condiciones de pobreza y una cuarta parte vive en la pobreza extrema. La pobreza y la falta de oportunidades son la causa de las intensas manifestaciones de desorden social y violencia que amenazan a la sociedad peruana. Además, la estrategia de invertir en “programas de alivio a la pobreza” hasta por 14,000 millones de dólares por año, poco han incidido en la disminución de la pobreza, mientras que hay 10 familias peruanas que ya aparecen en el ranking de la revista Forbes entre los multimillonarios del mundo. Estas inmensas brechas sociales incitan a la violencia social y política; por lo tanto, urge la necesidad de dar justicia social para vivir en paz. E. Se ha relativizado los derechos de las personas con un Estado neoliberal que se desentiende de sus responsabilidades con la población peruana y se coloca en posición de árbitro y no asume su rol responsable de garantizar los derechos de la población peruana. De esta manera, el Estado deja en manos de la población peruana que resuelvan por sí mismos la educación de sus hijos, la atención y cuidado de la salud, su seguridad y empleo. I.3.2 Perjuicio económico generado por la corrupción En el 2019 se ha tenido 8081 funcionarios públicos con indicios de presuntas responsabilidades administrativas (7869), civiles (2157) y penales (3079) (Shack, Pérez y Portugal, 2020, p. 24). La corrupción de funcionarios y servidores públicos se mantiene aún debido a que no se ha realizado las inversiones ni las acciones necesarias para la implementación del sistema de control interno en las entidades del Estado Peruano de manera suficiente, pese a que la Ley No 28716 Ley de Control Interno de las entidades del Estado, ley que exige la implementación del sistema de control interno fue aprobada el 17 de abril de 2006. Con respecto al avance en la implementación del sistema de control interno, del total de 3,595 entidades públicas solo 122 (3.39%) lo han implementado, 673 (18.72%) tienen algunos avances y 2,800 (77.89%) no lo han iniciado (Shack, 2019, p. 14). Esta situación es la base para la existencia de errores graves y corrupción en la gestión pública en el Estado Peruano. Se ha tenido diversos casos de evidente corrupción de funcionarios que no fueron identificados, registrados ni procesados con la evidencia correspondiente de manera oportuna e inmediata. Los casos de corrupción durante el 2019 han generado un perjuicio económico equivalente a S/. 36,742.33 millones de soles y al 14.9% de la ejecución presupuestal (Shack, Pérez y Portugal, 2020, p. 52). Cabe resaltar estos actos de corrupción que no solo han generado un perjuicio económico directo por el dinero robado, sino que han restado la posibilidad de mejorar los diversos servicios del Estado Peruano para la población peruana e inclusive ha contribuido a la generación de pérdidas de vidas humanas, daño a la salud, daño a la educación y la inseguridad ciudadana. Los peruanos ya no debemos permitir más corrupción y para ello es necesario que el Estado 18Peruano se fortalezca con leyes y aplique medidas de control y sanciones ejemplares. I.4 Eje 4 – Economía, competitividad y empleo La necesidad del cambio del modelo económico primario-exportador hacia un modelo económico industrializado y diversificado fue expresada por Alcántara (2020), quien destacó que dicho modelo no agrega valor y por lo tanto, ya está obsoleto, más aún en estas épocas en las que se tiene auge de la ciencia y la tecnología a nivel global. Además, Alcántara (2020, p. 11) explicó que el modelo económico primario-exportador no genera empleo sostenible y es vulnerable por depender de los precios internacionales de los minerales. Hubo bajo crecimiento de 2.16% del producto bruto interno (PBI) en el 2019 (Prialé, 2020) y una reducción del PBI de 12% por la pandemia en el 2020 según cifras del Banco Mundial (Gestión, 2020); además, se ha desarrollo medidas económicas que no han favorecido al pueblo peruano. Para lograr le crecimiento del PBI se requiere incrementar la inversión privada y el gasto público en beneficio de la población peruana y no principalmente para favorecer a los grandes grupos de poder económico. La inversión privada en el Perú se incrementó en 4% el 2019, sustentada en el avance de la inversión minera (23.6%) con megaproyectos de cobre (Quellaveco, Mina Justa y Ampliación de Toromocho) y en menor medida en la inversión proveniente de otros sectores (1.2%) (Banco Central de Reserva del Perú, 2020, p. 15). Los especialistas del Banco Central de Reserva del Perú (2020) explicaron que los montos de inversión del año 2019 para los sectores minero, hidrocarburos, energía y manufacturero fueron los siguientes: ▪ La inversión del 2019 en el sector minero ascendió a US$ 6,157 millones, representando un incremento del 24% con respecto al 2018 (Banco Central de Reserva del Perú). ▪ En el sector hidrocarburos, en el 2019 Repsol invirtió US$ 86 millones en sus terminales y adaptaciones a nuevas especificaciones de combustible en la refinería La Pampilla. ▪ En el sector energía en el 2019 se ejecutó proyectos para el mejoramiento y expansión del sistema eléctrico, así como la ampliación de redes, mantenimiento de infraestructura, seguridad, digitalización y mejora de la calidad. Luz del Sur ejecutó proyectos por US$ 466 millones y Enel invirtió US$ 131 millones. ▪ En el sector manufactura, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston invirtió cerca de US$ 76 millones, Aceros Arequipa invirtió US$ 150 millones, Alicorp invirtió US$ 33 millones y Unión Andina de Cementos invirtió US$ 17 millones. Como se puede apreciar, la inversión privada en los sectores de hidrocarburos, energía y manufactura son pequeños en comparación con el sector minero. Sin 19embargo, la inversión privada en minería no ha contribuido al desarrollo económico sostenible del Perú significativamente, sobre todo en las regiones en las que se ha desarrollado, las cuales en su gran mayoría siguen en la pobreza. El gasto público de 2019 registró un crecimiento de 1%, menor al crecimiento del año 2018 debido a la reducción de la inversión pública (de 5.6 a -1.4%), a pesar de una mejora del consumo público (de 0.1 a 2.1%) (Banco Central de Reserva del Perú, 2020, p. 16). Los inicios de nuevos mandatos regionales y locales impactaron negativamente en la evolución de la inversión pública en estos niveles de gobierno debido a la disminución del 2.2% en los gobiernos regionales por menores gastos en proyectos relativos a agua y saneamiento y a la disminución del 10.2% en los gobiernos locales por menores gastos en proyectos viales; sin embargo, se incrementó el gasto de inversión en el gobierno nacional (Banco Central de Reserva del Perú, 2020, p. 16). El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se redujo de 1.7% en 2018 a 1.5% del PBI en 2019, por las menores utilidades de las empresas con inversión directa extranjera en línea con la moderación del crecimiento de la actividad (Banco Central de Reserva del Perú, 2020, p. 43). La balanza comercial acumuló cuatro años consecutivos de superávit comercial, a pesar de la reducción de los términos de intercambio (Banco Central de Reserva del Perú, 2020, p. 43). Además, en el 2019 la inflación anual fue 1.90%, inferior a la tasa registrada en 2018 (2,19%), y ubicándose cerca del punto medio del rango meta entre 1% y 3% (Banco Central de Reserva del Perú, 2020, p. 43). El empleo en julio 2020 descendió 14.4% con respecto a julio 2019, habiéndose registrado 3.12 millones de trabajadores y significando a su vez una disminución de 525 mil puestos de trabajo debido principalmente a las medidas tomadas mediante el decreto supremo No 080-2020-PCM por el Estado de Emergencia Nacional ante la COVID-19 (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2020). Además, con respecto al empleo en el sector público, la ley Servir no ha sido bien acogida por los servidores públicos porque deja abierta la posibilidad de despido de un trabajador que ha ganado un concurso para una plaza en una entidad del Estado Peruano, lo que podría prestarse a despidos arbitrarios según el sentir de muchos trabajadores estatales. Cabe resaltar además que el perjuicio económico generado por la corrupción en el 2019 fue equivalente a S/. 36,742.33 millones de soles y al 14.9% de la ejecución presupuestal (Shack, Pérez y Portugal, 2020, p. 52). Por lo tanto, para mejorar la economía se debe combatir frontalmente a la corrupción desplegada en el sector público y en general en nuestra sociedad peruana. I.5 Eje 5 – Desarrollo regional e infraestructura El presupuesto inicial de apertura del Estado Peruano para el año 2020 ascendió a S/. 177,368 millones y fue repartido para los tres niveles de gobierno en las siguientes proporciones: (a) S/. 124, 582 millones para el gobierno nacional (70.24%), (b) 31,907 millones para los gobiernos regionales 20(17.99%) y (c) 20,879 (11.77%) millones para los gobiernos locales (Alva, 2020, p. 6). Como se puede observar, pese a la riqueza generada en las regiones, el centralismo solo ha permitido que los gobiernos regionales reciban el 17.99% del presupuesto del Estado Peruano, lo que representa una distribución injusta de la riqueza del país. En el 2020, el presupuesto de inversiones en los pilares de infraestructura y eficiencia de mercados del Ministerio de Transportes y Comunicaciones fue S/. 9,554.4 millones, de los cuales S/. 6,021.2 millones (63.02%) será para carreteras y puentes (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2020). Este presupuesto aún es insuficiente para cubrir la brecha de los servicios del sector de carreteras y puentes para la población peruana. I.6 Eje 6 – Recursos naturales y ambiente Se debe priorizar la recuperación de la degradación de los suelos, correspondiente al 4.23% del territorio nacional, equivalente a 5’431,719.55 ha (Ministerio del Ambiente, 2017a, p. 19). Además, en el 2014 el Perú tuvo emisiones totales de 167,630.30 GgCO2eq (gases de efecto invernadero), de los cuales se tuvo la siguiente distribución por sector: (a) 44.9% por USCUSS (Uso de Suelo y Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura), (b) 30% por Energía, (c) 15.6% por la agricultura, (d) 5.8% por los desechos y (e) 3.6% por los PIUP (Productos Industriales y Uso de Productos) (Ministerio del Ambiente, 2019a, p. 14). En el Sexto Informe Nacional sobre Diversidad Biológica publicado en junio 2019 se estableció como meta 1 lo siguiente: “Para el 2021 se consolida la gestión sostenible y efectiva de la biodiversidad en al menos el 17 % del ámbito terrestre y el 10 % del ámbito marino bajo distintas modalidades de conservación y manejo in situ.” (Ministerio del Ambiente, 2019b, p. 12). A enero 2017, el estado de avance de la zonificación ecológica y económica (ZEE) ha sido el siguiente: (a) 13 regiones con ZEE concluida y aprobada, (b) 2 regiones cuentan con su ZEE aprobada (Huánuco con 5 provincias con ZEE aprobada y Cusco con una Macro ZEE aprobada), (c) 5 regiones con ZEE en su etapa inicial y fase preliminar y (d) 5 regiones con ZEE en su etapa de formulación y ejecución (Ministerio del Ambiente, 2017b). 21II. VISIÓN, MISIÓN, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS II.1 Visión del Perú al 2050 Al 2050, el Perú será un Estado justo, democrático, abierto, moderno, eficiente, transparente y descentralizado, en el que se proteja los derechos e intereses del Pueblo Peruano frente a amenazas internas y externas y que permita que los ciudadanos peruanos alcancen su desarrollo humano integral por encima del promedio de los países desarrollados, habiendo erradicado la pobreza. II.2 Misión El Estado Peruano velará por la vida, la educación, la salud, la seguridad, la defensa nacional y el empleo de los ciudadanos peruanos, fortaleciendo su identidad cultural, sus valores ciudadanos, la democracia directa, la investigación científica y la innovación como aspectos fundamentales de su formación para lograr su desarrollo sostenible. Asimismo, el Estado Peruano promoverá la gestión sostenible de la tierra con un enfoque integral de gestión de riesgos, así como la lucha efectiva contra la corrupción en todos los ámbitos. II.3 Principios Los principios que servirán de guía para el desarrollo del presente plan de gobierno son los siguientes: A. Primer principio: El poder emana del Pueblo, el que decide, legisla y gobierna. B. Segundo principio: El que decide gobierna. C. Tercer principio: El poder no se delega. D. Cuarto principio: El poder se ejerce. E. El Estado es de todos y para todos los peruanos. F. La gobernabilidad depende de la satisfacción de los gobernados. II.4 Lineamientos estratégicos Los lineamientos estratégicos del plan de gobierno para la implementación de los mecanismos de democracia participativa y autogestión ciudadana para el ejercicio del poder público son los siguientes: 1. Incorporar los mecanismos de la democracia participativa, como un sistema de gobierno complementario a la Democracia Representativa en la Constitución Política del Perú. Es necesario introducir un conjunto de reformas estructurales que fracturen esta lógica perversa de la Democracia Representativa Electorera en la Constitución Política del Perú, a través de la institucionalización de los 22mecanismos de la democracia participativa y la autogestión ciudadana en todos los niveles de la organización estatal, para que se articule de manera vinculante con los funcionarios que ejercen la representación política y administrativa. Esto permitiría el correcto funcionamiento del gobierno, ya que se conjugaría la decisión de quienes son los portadores de las necesidades materiales (la comunidad política) con quienes se van a encargar de satisfacerlas (los representantes políticos y funcionarios administrativos). En otras palabras, un sistema que articule la representación con participación ciudadana y que permita al pueblo, en cuanto al conjunto de comunidades, reunirse y decidir para hacerse cargo de su propio destino. 2. Promover el ejercicio del poder participativo ciudadano desde el Estado Peruano. Los aparatos del Estado Peruano no pueden crear la participación ciudadana; pero, sí pueden establecer los mecanismos legales que permitan e incentiven la participación de la población y pongan como prioridad fundamental a la decisión de las mayorías en la vida colectiva. Esto requeriría una reforma legal profunda de toda la estructura del Estado Peruano hacia un modelo de democracia participativa ciudadana y democracia representativa obediencial, donde esta última quede sujeta al poder de la comunidad ciudadana de manera permanente. Estas acciones lograrán fracturar la lógica del funcionamiento de las prácticas autoritarias, verticales y antidemocráticas en los aparatos del Estado Peruano, rescatando la dimensión pública y ciudadana de la política. II.5 Objetivos estratégicos A continuación se presenta los objetivos estratégicos asociados a las dimensiones social, económica, ambiental e institucional: II.5.1 Dimensión social ▪ OEDS1: Aumentar el índice de desarrollo humano ajustado desigualdad, priorizando las zonas de mayor pobreza (IDH-D). ▪ OEDS2: Resolver los conflictos sociales en todos los niveles de gobierno. ▪ OEDS3: Asignar un presupuesto institucional que permita identificar, registrar, atender y dar solución a los conflictos sociales. ▪ OEDS4: Asignar un presupuesto que permita mejorar significativamente el estado de salud de la población. ▪ OEDS5: Reformar el sistema de salud hacia un sistema de salud unificado, público, universal, gratuito y de calidad. ▪ OEDS6: Crear el Viceministerio de Promoción del Cuidado de la salud. por 23▪ OEDS7: Implementar una estrategia social para enfrentar la pandemia de la COVID-19, fortalecer la organización familiar y comunitaria y fortalecer el primer nivel de atención. ▪ OEDS8: Vacunar contra la COVID-19 por lo menos al 70% de la población, buscando llegar al 100% al final del período de gobierno. ▪ OEDS9: Asignar un presupuesto al Programa Articulado Nutricional que permita superar la desnutrición crónica y la anemia infantil ▪ OEDS10: Asignar un presupuesto al programa presupuestal “0131 Control y prevención en salud mental” que permita atender al 100% de la población con problemas de salud mental. ▪ OEDS11: Asignar al sector educación el presupuesto necesario para tener una educación de alta calidad. ▪ OEDS12: Mejorar significativamente los niveles de desempeño de lectura de los estudiantes de la educación básica regular. ▪ OEDS13: Mejorar significativamente los niveles de desempeño de matemática de los estudiantes de la educación básica regular. ▪ OEDS14: Mejorar significativamente los niveles de desempeño de ciencias de los estudiantes de la educación básica regular. ▪ OEDS15: Mejorar las condiciones infraestructura y equipamiento de escuelas las zonas menos favorecidas ▪ OEDS16: Capacitar a los profesores en la educación virtual priorizando las zonas rurales. ▪ OEDS17: Adecuar el currículo escolar en sus diferentes niveles, de acuerdo a la realidad y necesidades regionales ▪ OEDS18: Formar a los oficiales y suboficiales que se requerirán para tener una seguridad ciudadana ejemplar a nivel nacional, regional y local. ▪ OEDS19: Dotar a los oficiales y suboficiales de la PNP con la infraestructura, equipamiento y servicios especializados suficientes. ▪ OEDS20: Lograr que las cárceles sean verdaderos centros de preparación para la reinserción social de las personas privadas de libertad. ▪ OEDS21: Reducir la violencia en los diversos ámbitos de la sociedad. ▪ OEDS22: Reducir el accionar y el daño de las organizaciones criminales ▪ OEDS23: Lograr la participación activa de las Fuerzas Armadas en el desarrollo nacional. 24II.5.2 Dimensión económica ▪ OEDE1: Incrementar el PBI nacional, priorizando a las zonas de mayor pobreza ▪ OEDE2: Reducir el perjuicio económico generado por la corrupción debido a la disuasión a los funcionarios corruptos por las medidas implementadas. ▪ OEDE3: Incrementar el empleo formal privado con respeto a los derechos laborales. ▪ OEDE4: Implementar la Ley Servir mejorada con estabilidad laboral en todas las entidades públicas. ▪ OEDE5: Fortalecer la infraestructura de transportes y comunicaciones a lo largo del territorio nacional. ▪ OEDE6: Repartir la riqueza a las regiones para generar su desarrollo. II.5.3 Dimensión ambiental ▪ OEDA1: Recuperar los suelos degradados y desertificados. ▪ OEDA2: Reducir los gases de efecto invernadero. ▪ OEDA3: Consolidar la gestión sostenible y efectiva de la biodiversidad en el ámbito terrestre bajo distintas modalidades. ▪ OEDA4: Consolidar la gestión sostenible y efectiva de la biodiversidad en el ámbito marino bajo distintas modalidades. ▪ OEDA5: Implementar el ordenamiento territorial en todas las regiones. II.5.4 Dimensión institucional ▪ OEDI1: Lograr la aprobación de la nueva Constitución Política del Perú vía referéndum. ▪ OEDI2: Reducir la cantidad de funcionarios con indicios de presuntas responsabilidades debido a la disuasión a los funcionarios corruptos por las medidas implementadas. ▪ OEDI3: Incrementar el porcentaje de entidades públicas con el sistema de control interno implementado. ▪ OEDI4: Detectar los casos sospechosos de corrupción de manera oportuna e inmediata (Alfaro, 2015c). 25III. EJES FUNDAMENTALES DEL PLAN DE GOBIERNO En este capítulo se muestra las propuestas de solución a la problemática planteada en el diagnóstico de la realidad peruana, considerando los ejes fundamentales del plan de gobierno. III.1 Eje 1 – Derechos fundamentales y dignidad de las personas Para el “Eje 1: Derechos fundamentales y dignidad de las personas” se propone lo siguiente: III.1.1 Atención inmediata a los conflictos sociales y fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo Con respecto a la atención inmediata de los conflictos sociales y el fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo, se realizarán las siguientes acciones: 1. Se recibirá a todas las organizaciones sociales que demandan soluciones a las problemáticas que originan los conflictos sociales y se les dará fechas y medidas concretas de solución dentro de los primeros 100 días de gobierno. 2. La Defensoría del Pueblo estará presente en cada una de las entidades del Estado Peruano en las que potencialmente se haga vulneraciones masivas a los derechos fundamentales de los ciudadanos peruanos. 3. Los presupuestos para las labores que son responsabilidad de la Defensoría del Pueblo y que dentro de las entidades públicas se disfrazan con oficinas internas deberán pasar a ser presupuestos disponibles para la Defensoría del Pueblo, los que no podrán ser menores al 1% de los presupuestos institucionales anuales de dichas entidades. 4. Se potenciará las competencias de la Defensoría del Pueblo dándole capacidad de denunciar como vía alternativa a las fiscalías, tener recomendaciones de carácter vinculante y reforzar la participación de la sociedad civil como sistema ciudadano de vigilancia. III.1.2 Derecho a la salud Con respecto al derecho a la salud se realizarán las siguientes acciones: 1. Se vacunará al 100% de la población peruana contra la COVID-19 gradualmente. Asimismo, se implementará una estrategia social para enfrentar la pandemia de la COVID-19, se fortalecerá la organización familiar y comunitaria y se fortalecerá el primer nivel de atención. 2. Se fortalecerá la investigación científica y la innovación tecnológica para que las universidades e institutos de investigación del Estado Peruano, tanto públicos como privados, puedan desarrollar las vacunas contras los 26virus y bacterias que amenacen a la salud pública, de manera que podamos tener una reacción rápida no solo ante las mutaciones del Sars-COV-2, sino también ante los virus y bacterias que puedan provocar epidemias o pandemias en el futuro. 3. Se realizarán acciones de vigilancia científica y tecnológica en la salud pública, así como el fortalecimiento de los servicios de vigilancia epidemiológica en los establecimientos de salud para evitar que las potenciales epidemias o pandemias nos afecten como lo hizo la pandemia del COVID-19 por no estar preparados. 4. Las atenciones de salud que no sean complejas que se deban realizar ante las epidemias y pandemias, se harán mediante el personal de salud casa por casa, para evitar la propagación de los virus o bacterias causantes de las pandemias. Además, se dará la capacitación respectiva a los pacientes para que puedan tener los cuidados debidos, así como a los familiares o miembros de sus hogares en los casos en que las visitas casa por casa no sean posibles o sean inviables. 5. Se creará plantas de oxígeno y fabricación y/o ensamble de respiradores artificiales para las diversas regiones del Perú, priorizando las que tengan mayor cantidad de casos de contagios ante pandemias. 6. Se repartirá mascarillas, protectores faciales u otros implementos que sean necesarios para así evitar mayor propagación de los virus y bacterias causantes de las pandemias, para las poblaciones de menores recursos y se les capacitará sobre su uso. 7. Se fortalecerá la infraestructura y servicios de los centros de salud especializados a nivel nacional, priorizando las regiones de mayor población y de menores recursos económicos. Dentro de las mejoras de la infraestructura y servicios se tendrá zonas de aislamiento debidamente equipadas dentro de los establecimientos de salud de mayor complejidad para evitar los contagios en las pandemias. 8. Se creará el Viceministerio de Promoción del Cuidado de la Salud. Así se mejorará la gestión con un enfoque de prevención de la salud y no solo con el diagnóstico y el tratamiento. 9. Se creará el Sistema Único Integral de Salud (SUIS) del Estado Peruano a nivel nacional, el que integrará todos los sistemas de salud del Estado Peruano que existen a la fecha. El SUIS será único, integrado, universal, descentralizado y gratuito. Adicionalmente, los ciudadanos podrán contratar servicios de sistemas de salud del sector privado si lo desean. 10. Se creará mecanismos de vigilancia ciudadana sobre la calidad de los servicios de salud que otorgue el SUIS, de manera que podamos tener una gestión de la salud eficiente, eficaz y transparente. 2711. Se fomentará la atención primaria en salud para evitar las aglomeraciones en los centros de salud de alta complejidad. 12. Se implementarán programas nutricionales que refuercen el sistema inmunológico en base a productos nativos de cada región, los que serán complementados con medicamentos en el caso que la salud del paciente lo amerite. 13. Se complementará la capacitación a los ciudadanos peruanos sobre cómo prevenir y actuar ante la COVID-19 y otras pandemias actuales y futuras, mediante el uso de tecnologías de información para el aprendizaje, tales como: aplicaciones web, aplicaciones móviles, chatbots (servicios de mensajería mediante los cuales se puede dar una respuesta automatizada ante consultas del usuario), centros de atención de llamadas (call centers), etc. 14. Se implementarán programas de salud mental a nivel nacional para que se pueda atender problemas inmediatos asociados a la violencia y las drogas y posteriormente se traten enfermedades de salud mental a nivel local, regional y nacional a corto, mediano y largo plazo. 15. Se asignará un presupuesto no menor al 8% del producto bruto interno. De esta manera, se contribuirá al reconocimiento de la salud como derecho humano fundamental y se alineará el presupuesto al consenso del Acuerdo Nacional. III.1.3 Derecho a la educación Con respecto al derecho a la educación se realizarán las siguientes acciones: 1. Se establecerá la educación cívica integral y obligatoria en los colegios, institutos de educación superior y universidades en todos los niveles educativos. Entre los aspectos que se incluirá en la educación cívica integral y obligatoria se encuentran los siguientes temas: Constitución Política del Perú, organización del Estado Peruano, servicios que ofrece el Estado Peruano a los ciudadanos, seguridad interna, defensa nacional, entre otros temas. 2. Se desarrollará una identidad nacional con integración pluricultural que articule y complemente lo occidental, lo andino y lo amazónico con matrices civilizatorias en paridad de condiciones. 3. Se adecuará el currículo escolar en sus diferentes niveles, de acuerdo a la realidad y a las necesidades regionales. 4. Se fomentará la recuperación de los valores fundamentales como: honestidad, honradez, unión familiar, solidaridad, tolerancia, colaboración, respeto hacia los demás, respeto hacia sí mismos, etc., cumpliendo los 10 mandamientos de Dios y revalorizando las funciones de los adultos mayores para la educación con valores éticos positivos. 285. La educación será multilingüe, pluricultural y plurinacional, buscando la integración de todos los peruanos. Se priorizará el otorgamiento de partidas presupuestales e incentivos para el aprendizaje de las lenguas originarias de los pueblos, el castellano, el portugués y el inglés como lenguas básicas que debe conocer la sociedad peruana. 6. Se mejorará las condiciones infraestructura y equipamiento de escuelas en las zonas menos favorecidas. 7. Se fomentará la investigación científica y la innovación en las entidades educativas en todos los niveles, desde la educación inicial hasta la educación superior de postgrado. Así formaremos el pensamiento crítico, así como las competencias para la investigación científica y la innovación que son necesarias para el desarrollo del país. 8. El 30% de las utilidades generadas por las entidades educativas privadas (colegios, institutos de educación superior, centros de educación tecnológica productiva y universidades privadas) que les corresponderían como pago por impuesto a la renta deberán ser reinvertidos para la mejora de la infraestructura y para el fomento de la investigación científica y la innovación a través de programas de incentivos a docentes y estudiantes, de manera que se les permita financiar los mejores trabajos de investigación a todo nivel, así como las mejores tesis de pregrado y postgrado con potencial para la generación de registros de propiedad intelectual (patentes, modelos de utilidad y certificados de obtentor) y derechos de autor (libros, software, etc.). 9. Se implementará programas de formación laboral para personas con discapacidad, de manera que tengan oportunidades laborales similares a las personas sin discapacidad y puedan salir adelante. 10. Se incrementará progresivamente el acceso a Internet satelital y el equipamiento con tabletas (tablets), laptops y/o computadoras personales, entre otros equipos, en las zonas rurales y urbanas a nivel nacional, priorizando las zonas de mayor pobreza, de manera que pueda contribuirse al cierre de brechas de la educación digital y al acceso a las oportunidades. 11. Se generará contenidos digitales del Estado Peruano para la educación en todos los niveles, de manera que no solo se tenga la infraestructura, equipamiento y servicios de Internet, sino también los contenidos teóricos y prácticos para tener educación virtual, semipresencial o presencial de elevada calidad. 12. Se fortalecerá las competencias de los maestros de la educación básica regular y la educación especial continuamente sin afectar su estabilidad laboral y se bonificará financieramente las mejoras en los rendimientos académicos de los estudiantes a su cargo, luego de evaluaciones periódicas externas e independientes por organismos nacionales e internacionales. Se fortalecerá las competencias de los maestros para la 29educación virtual, la educación semi-presencial y la educación presencial. Asimismo, se premiará con la estabilidad laboral a quienes demuestren una mejora continua en el rendimiento académico de sus estudiantes. 13. Se hará cumplir la ley universitaria 30220 en lo referente al pago del 50% adicional al sueldo del docente investigador (previamente reconocido por Renacyt del Concytec) en su categoría y su carga lectiva de un curso al año, independientemente de su condición de ordinarización como docente auxiliar, asociado o principal, de manera que se reconozca su nivel como investigador y que se le estimule para que genere producción intelectual para la universidad a la que está afiliado y para el Perú. 14. Se hará cumplir la normatividad vigente sobre las sanciones establecidas para las universidades que no cumplan con el pago del 50% adicional a los docentes investigadores y con la asignación de carga lectiva de solo un curso al año. Asimismo, el docente investigador deberá cumplir con la generación de dos artículos de investigación científica o documentos equivalentes (cartas al editor, notas técnicas, reportes cortos, obituarios, etc.) con nivel publicable en revistas indizadas nacionales o internacionales. 15. Las universidades privadas y públicas deberán establecer incentivos que serán pagados adicionalmente a sus remuneraciones, a los docentes que generen publicaciones en los siguientes niveles: (a) nivel 1: Scopus y Web of Science, (b) nivel 2: Scielo, (c) nivel 3: Redalyc, (d) nivel 4: Latindex 2.0, (e) nivel 5: DOAJ y otras. Entre las escalas de incentivos se pagará más a los docentes que publiquen en los cuartiles más elevados (en Q1 más que en Q2, en Q2 más que en Q3, en Q3 más que en Q4 y en Q4 más que en revistas que no ocupan cuartiles en los rankings Scimago Journal & Country Rank y Journal Citations Report). También se establecerá incentivos por la elaboración de libros y capítulos de libros con elevado académico nivel nacional e internacional. 16. Se fortalecerá el programa de becas del Estado Peruano para que los mejores estudiantes de las zonas de mayor pobreza puedan estudiar en las mejores universidades del mundo, priorizando las universidades que están en el Top 100. Los gastos de las becas deberán ser devueltos a través del dictado de charlas, conferencias, seminarios, cursos y/o talleres de sus especialidades de pregrado, maestría, doctorado y postdoctorado por un período de 3 años posteriores a la culminación de los estudios, dirigidas a los estudiantes y a los docentes de la educación básica regular, la educación especial y la educación superior universitaria (pregrado y postgrado) y no universitaria. De esta manera, se contribuirá a la actualización constante de estudiantes y docentes a nivel nacional, regional y local en zonas rurales y urbanas. 17. Se fortalecerá los desarrollos de intercambios de docentes y estudiantes hacia universidades en otras regiones a nivel nacional y sobre todo a universidades extranjeras de países desarrollados, luego de haberse superado o controlado la pandemia de la COVID-19. De esta manera, se promoverá las redes académicas y/o de investigación de las universidades 30peruanas y se podrá generar mayor cantidad de investigaciones científicas e innovaciones que generen beneficios para la sociedad peruana. 18. Se establecerán reglamentos para la calidad de la educación mínima a ser desarrollada para las clases presenciales, semipresenciales y virtuales en la educación especial, en la educación básica regular y en la educación superior universitaria y no universitaria. 19. Se formará la clase dirigente del pueblo como promotora de las bases del desarrollo y ejecución de la planificación estratégica nacional con un horizonte al 2050. Esta clase dirigente estará formada por una amplia gama de formas organizativas que incluirá a los trabajadores manuales e intelectuales, emprendedores nacionales, así como a las comunidades campesinas y nativas. Todos ellos serán reconocidos por el Estado y protegidos por normas que incentiven su participación productiva, como su aporte en la vigilancia, control y fiscalización de la vida pública, para lo cual se crearán mecanismos de participación, expresión y decisión popular. 20. Se asignará un presupuesto mínimo del 6% del producto bruto interno para el sector educación. De esta manera, el sistema educativo tendrá los recursos para la reconstrucción de la nación y el desarrollo productivo sostenible en base a la ciencia, la tecnología y la innovación, para construir un país competitivo y moderno. III.1.4 Derecho a la seguridad ciudadana y a la defensa nacional Con respecto al derecho a la seguridad se realizarán las siguientes acciones: 1. Se estimulará la creación de escuelas de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú, a fin de cubrir la brecha de personal policial. 2. Se reasignará labores a personal policial que cumple funciones administrativas previa actualización de competencias (conocimientos, habilidades y actitudes), a fin de hacer que cumplan con las labores por las que fueron formados y no estén realizando actividades que podría hacer el personal civil. 3. Se mejorará la infraestructura, equipamiento y servicios especializados de las dependencias policiales con la finalidad que puedan estar mejor preparados para la protección ciudadana. 4. Se mejorará la integración de los sistemas de la Policía Nacional del Perú a su interior, así como su integración con los sistemas de la policía a nivel internacional. 5. Se creará el sistema de pronóstico geolocalizado de la ocurrencia de delitos diversos, tales como: robos, asaltos, trata de personas, tráfico ilícito de drogas, entre otros. 316. Se creará el banco de identificación genética masiva, inicialmente para guardar la identificación genética de todos los procesados y sentenciados por diversos delitos y posteriormente a nivel nacional (Alfaro, 2015a). De esta manera, cuando se cometan delitos se podrá identificar a las personas que los cometen en base a una comparación del material genético encontrado versus el material genético que se encuentre en las bases de datos que serán custodiadas por el Reniec y vigiladas por el Ministerio Público (Alfaro, 2015a). 7. Se integrará progresivamente los sistemas de vigilancia con cámaras de vídeo y se incorporará sistemas de reconocimiento facial en las diversas entidades públicas y privadas a nivel nacional, regional y local. De esta manera se podrá identificar a las personas que potencialmente podrían cometer delitos o a personas con requisitorias. 8. Se creará sistemas de alerta de la ocurrencia de delitos o accidentes en base a sonidos y reconocimiento de objetos, de manera que se pueda avisar rápidamente a la Policía Nacional del Perú, a los serenazgos, a las rondas campesinas, a los comités de vigilancia vecinales o a los bomberos para que puedan acudir a prestar la ayuda respectiva. 9. Se fomentará el desarrollo de programas de formación académica y laboral, así como el desarrollo empresarial en las cárceles con miras al mercado nacional e internacional a través de las asociaciones público-privadas, de manera que las personas privadas de su libertad puedan generar ingresos dignos para ellos y sus familias cuando salgan de las cárceles. La seguridad de las empresas que se formen al interior de las cárceles estará a cargo de personal retirado de las fuerzas armadas y policiales, de manera que se les pueda transmitir valores y disciplina. 10. Se desarticulará progresivamente a las organizaciones criminales nacionales e internacionales, a través del fortalecimiento de los sistemas de inteligencia nacional, así como la integración de las oficinas de seguridad y defensa nacional de las entidades públicas con la Defensoría del Pueblo y con los miembros de la diplomacia internacional. 11. Se fortalecerá a la Policía Nacional del Perú y las fuerzas armadas con el equipamiento, infraestructura y servicios necesarios para la protección ciudadana y para la protección de la soberanía nacional, respectivamente. Las mejoras en el equipamiento, infraestructura y servicios de la Policía Nacional del Perú y de las fuerzas armadas se realizará bajo la modalidad de asociaciones público-privadas con países de alta tecnología de seguridad ciudadana o bélica, respectivamente, de manera que el personal de nuestra Policía Nacional del Perú y de nuestras fuerzas armadas fortalezca sus competencias y pueda posteriormente dar servicios de mantenimiento y construcción de equipamiento e infraestructura relacionada para el sector privado y público a nivel nacional e internacional. 12. Se desarrollará una política exterior que respete la autodeterminación y la soberanía del Estado Peruano, garantice la paz y auspicie la integración 32latinoamericana, cautelando la independencia e integridad territorial y la gestión soberana de los recursos naturales y la pluralidad cultural y respetando e impulsando el derecho internacional y los derechos humanos como base para la convivencia pacífica entre los países. La política exterior apoyará un orden internacional más solidario, justo y democrático que garantice la paz y el desarrollo sostenible, que promueva la inserción económica y comercial del Perú en el sistema internacional y que se fundamente en la equidad, la complementación, la previsibilidad, la cooperación y la seguridad jurídica. III.2 Eje 2 - Oportunidades y acceso a los servicios Para el “Eje 2: Oportunidades y acceso a los servicios” se propone las siguientes acciones: 1. Se dará acceso a Internet para la educación, la salud, la seguridad y la defensa para los ciudadanos peruanos a nivel nacional, regional y local. Se asignarán presupuestos para que las entidades del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local puedan otorgar los servicios de acceso a Internet descritos por lo menos en todas las oficinas institucionales del Estado Peruano, plazas principales, entidades educativas del Estado Peruano, establecimientos de salud pública del Estado Peruano, establecimientos policiales y establecimientos militares, priorizando las zonas de fronteras con países vecinos. 2. Se incrementará el presupuesto de los fondos de financiamiento o subvención para la realización de estudios de postgrado en países desarrollados en áreas temáticas de ciencia y tecnología que se prioricen por parte del Estado Peruano. 3. Se establecerá programas para que se lleve los servicios del Estado Peruano, tales como: identificación, salud, educación, registros públicos, etc., a las poblaciones más alejadas de las zonas urbanas a través de los medios de transporte locales y/o con los vehículos de transporte terrestre, lacustre y fluvial de las fuerzas armadas y policiales. III.3 Eje 3 – Estado y gobernabilidad Para el “Eje 3: Estado y gobernabilidad” se propone las siguientes acciones: III.3.1 Lograr la aprobación de una nueva Constitución Política del Perú 1. Elaborar una nueva Constitución Política del Perú que edifique al Perú como país autónomo y soberano en el uso de sus recursos y la determinación de políticas económicas y sociales y que esté creada para el beneficio del Pueblo Peruano y no principalmente para el beneficio de los grupos de poder económico o político que estén de turno como se da en la actualidad. 332. Lograr la aprobación de la nueva Constitución Política del Perú vía referéndum. 3. Se sentará las bases para una soberanía integral que permita fortalecer al Estado Peruano, revirtiendo el entreguismo desaforado de los nuevos pregoneros neoliberales y diversas doctrinas apátridas y el afán expansionista sobre nuestros recursos naturales y vías de comunicación. III.3.2 Lucha frontal contra la corrupción Para la lucha frontal contra la corrupción se realizarán las siguientes acciones: 1. Se luchará contra la corrupción de manera real y efectiva, estableciendo los medios físicos y digitales para su detección inmediata y oportuna, denuncia proceso y sentencia. Para ello, entre otras acciones se tomará en cuenta las siguientes: A. Se asignarán los presupuestos de las entidades públicas para los órganos de control institucionales para que sean administrados directamente por la Contraloría General de la República. Los presupuestos para las labores de control no podrán ser menores al 3% de los presupuestos institucionales anuales de las entidades públicas. B. Se creará mecanismos para la visibilidad y transparencia de los procesos de contrataciones y en general de la gestión del Estado Peruano con sistemas de vigilancia ciudadana. C. Se creará el Directorio de Empresas No Éticas que operan en el Estado Peruano. En el Directorio de Empresas No Éticas del Estado Peruano se incluirá a todas las empresas que hayan cometido delitos contra el Estado Peruano. Estas empresas estarán impedidas de contratar nuevamente con el Estado Peruano. Además, se incluirá en este directorio a las empresas que hayan sido sancionadas por daño ambiental y no hayan pagado sus multas y/o realizado las recuperaciones ambientales o las reparaciones civiles a las poblaciones afectadas. Estas empresas estarán impedidas de contratar nuevamente con el Estado Peruano mientras que no hayan superado las condiciones que llevaron a su inclusión en este directorio. D. Desarrollar sistemas de información que permitan la identificación inmediata y oportuna de transacciones sospechosas de corrupción con la información disponible en la SUNAT (Calva y Alfaro, 2019), en la SUNARP o en otras entidades del Estado Peruano para lo siguiente: a. La detección inmediata y oportuna de las variaciones significativas de los valores de los registros de propiedad de servidores y funcionarios públicos durante el ejercicio de sus cargos o hasta dos años 34posteriores al cese, así como dichas variaciones significativas en sus familiares, socios empresariales o co-miembros de directorios de entidades sin fines de lucro. b. La detección inmediata y oportuna de las facturaciones y/o pagos de bienes, servicios u obras de las entidades del Estado Peruano a servidores y funcionarios públicos durante el ejercicio de sus cargos o hasta dos años posteriores al cese, así como a sus familiares, socios empresariales o co-miembros de directorios de entidades sin fines de lucro. c. La detección inmediata y oportuna de las facturaciones y/o pagos de bienes, servicios, bienes u obras por parte de las empresas del Directorio de Empresas No Éticas a servidores y funcionarios del Estado Peruano durante el ejercicio de sus cargos o hasta dos años posteriores al cese, así como a sus empresas, familiares, socios empresariales o co-miembros de directorios de entidades sin fines de lucro. d. Los pagos realizados a servidores y funcionarios del Estado Peruano o a sus empresas, así como los pagos realizados a sus familiares o a empresas de sus familiares y a sus socios empresariales o co- miembros de directorios de entidades sin fines de lucro por parte de empresas privadas, mientras se ejercía funciones laborales dentro del Estado Peruano o durante los plazos que están prohibidos por la ley. e. La detección inmediata y oportuna de variaciones significativas en los cambios de montos de partidas presupuestales dentro de las partidas presupuestales de mayores montos, con la finalidad de evitar potenciales cambios improvisados para compras potencialmente delictivas. f. Se logrará la implementación progresiva del sistema de control interno en las entidades públicas a nivel nacional, regional y local, priorizando las entidades en las que se ha detectado la mayor corrupción (Alfaro, 2018). 4. Se fortalecerá las instituciones públicas para la lucha contra los delitos de tráfico de drogas, trata de personas, terrorismo, tala ilegal de madera, lavado de activos, entre otros delitos que causan daños sistemáticos a la sociedad. Para este fin se integrará los sistemas de información nacionales e internacionales para la obtención de información que permita detectarlos, de manera integrada dentro de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE). 5. Se integrará los procesos de verificación de Registros Públicos, SUNAT, Unidad de Inteligencia Financiera, Sector Bancario, Sector Seguros, Sector AFP, etc., para reducir el lavado de activos y el financiamiento de la 35delincuencia, el terrorismo y otras organizaciones criminales internacionales (Alfaro, 2015c, p. 2). 6. Se brindará garantías, seguros de vida y seguros para la protección de la integridad física del personal y de las familias del personal de los órganos de control institucional y del personal de las sociedades de auditoría externa que han informado sobre la existencia de responsabilidades civiles y penales (Alfaro, 2015c, p. 1). 7. Se normará que los funcionarios de las entidades del Estado Peruano que son supervisoras de los sectores empresariales, no puedan ser contratados por empresas del mismo sector que las supervisadas, luego de su cese de funciones en un plazo no menor a cinco años (Alfaro, 2015c, p. 2). Esta medida es necesaria porque muchas veces los funcionarios no quieren ser rigurosos con las entidades privadas o públicas de los sectores que son supervisados, ya que cuando dejen de trabajar en la entidad supervisora, lo más probable es que tengan que pedir trabajo en las entidades a las cuales supervisaron (Alfaro, 2015c, p. 2). 8. Se contará con la participación de organismos internacionales en las auditorías nacionales, sobre todo de los grandes y medianos proyectos y en las entidades públicas que manejen presupuestos elevados, como es el caso de los ministerios, los gobiernos regionales y los gobiernos provinciales, entre otros (Alfaro, 2015c, p. 2). 9. Se exigirá que los órganos de control institucional de las entidades públicas hagan servicios de control específicos de manera constante sobre los avances de la ejecución presupuestal, de las cuentas contables y de las resoluciones ministeriales o directorales que las modifican, para evitar los casos de malversación de fondos y colusiones (Alfaro, 2015c, p. 2). 10. Se tipificará como traición a la patria todos los actos de corrupción que causen perjuicios económicos para el Estado Peruano, mas allá de las 700 unidades impositivas tributarias (Alfaro, 2015c, p. 1). III.3.3 Política exterior A continuación se lista algunas acciones relacionadas con la política exterior: 1. Se promoverá la unión latinoamericana para la inserción soberana en el mundo globalizado, más allá de la economía y la competencia de mercados, buscando un sólido bloque de poder regional latinoamericano y caribeño. 2. Se revisará el cumplimiento de los tratados internacionales celebrados con países limítrofes y con otros países desarrollados, en vías de desarrollo o subdesarrollados. III.4 Eje 4 – Economía, competitividad y empleo 36Para el “Eje 4 – Economía, competitividad y empleo” se propone lo siguiente: III.4.1 Cambio del modelo económico 1. Se cambiará el modelo económico neoliberal y primario exportador hacia una economía democrática y social basada en un modelo económico industrializado, diversificado y especializado con alto valor agregado que priorice el uso de los recursos diversos para el beneficio de nuestra población en armonía con la naturaleza. 2. Se establecerá un modelo económico basado en la generación de empleo que respete los derechos laborales de los trabajadores. III.4.2 Reactivación de la economía Se reactivará la economía a través del fomento de la creación de micro y pequeñas empresas con asistencia técnica permanente del Estado Peruano. Para este fin se tendrá en cuenta lo siguiente: 1. Se devolverá más de 18 mil millones de soles del FONAVI que aún están pendientes de ser devueltos. Ese monto será devuelto junto a la asistencia técnica del Estado Peruano para la creación de micro y pequeñas empresas productoras de bienes y servicios de diversos sectores económicos. Así los peruanos cambiaremos la mentalidad de ser trabajadores dependientes hacia ser empresarios que innoven bienes y servicios con orientación hacia el mercado nacional e internacional. 2. Se atraerá la inversión extranjera directa para la producción de bienes y servicios orientados a los mercados externo e interno, de manera que se pueda tener centros de fabricación mundiales para empresas transnacionales y desarrollar las potencialidades de las empresas nacionales, respectivamente, aprovechando el bono demográfico disponible; es decir, aprovechando a nuestra juventud deseosa de capacitarse y producir. Entre los bienes cuya producción industrial se fomentará se tiene: alimentos y bebidas regionales, productos medicinales, productos hidrobiológicos, entre otros. Se fomentará también el desarrollo de software, así como otros servicios que se puedan ofrecer a través de medios digitales, tales como: diseño gráfico, servicios de publicidad en Internet, entre otros. 3. La asistencia técnica para la creación de micro y pequeñas empresas será dada por el Estado Peruano a través de sus diversos ministerios y organismos adscritos con la ayuda de los jóvenes de las diversas regiones del Perú, quienes elaborarán perfiles de planes de negocio para diversos sectores económicos en concordancia con las realidades de cada región. 4. El Estado Peruano pagará su deuda interna completa. Asimismo, realizará las reparaciones civiles pendientes a las víctimas y a los familiares de las víctimas de los conflictos sociales de los últimos 50 años, así como a los policías y militares en actividad o en retiro que han defendido nuestra 37seguridad ciudadana y nuestra soberanía nacional, respectivamente. De esta manera se contribuirá a la reducción del resentimiento de la población peruana con un Estado cuyos gobiernos de turno no han sabido representar. III.4.3 Reparto justo de la riqueza Para el reparto justo de la riqueza se tendrá en cuenta lo siguiente: 1. El Estado Peruano implementará un registro nacional actualizado de toda la población en condiciones de pobreza y otros estados de vulnerabilidad con acceso público, de tal manera que la asistencia y protección en casos de urgencia sean inmediatos. 2. Se realizará una redistribución equitativa del ingreso generado en el Perú, reestructurando el presupuesto nacional priorizando la atención a los sectores sociales, tales como: salud, educación, seguridad e infraestructura básica con los recursos necesarios. 3. Se reformará la estructura tributaria nacional para que paguen más los que tienen más, estableciendo una política impositiva donde se grave a las grandes fortunas de las familias multimillonarias (Piketty, 2014) y las ganancias de las empresas transnacionales que sacan sus ganancias a sus países de origen, ya sea como utilidades o como intereses. Con estos recursos generados se debe garantizar el derecho a la alimentación de las familias pobres mediante el ingreso básico universal mensual. 4. La reforma tributaria debe eliminar las exoneraciones, los regímenes especiales, los beneficios tributarios, los gastos deducibles al impuesto a la renta, así como las devoluciones de impuestos en los sectores de exportación a empresas transnacionales que tienen su matriz en paraísos financieros, tal como acontece en el sector minero. Todas estas prebendas al final de cuentas reducen los ingresos del Estado Peruano. Todo esto contribuirá a eliminar la evasión y elusión tributaria en el Perú. 5. Se repartirá la utilidad generada por las empresas privadas de manera justa. La utilidad antes de impuestos que se genere en las empresas privadas será repartida de la siguiente manera: A. 40% para los accionistas B. 30% para los trabajadores C. 30% para el Estado Peruano. De esta manera, los empresarios verán a los trabajadores como sus socios y los trabajadores verán a las empresas como suyas, ya que el mejor esfuerzo que hagan por la empresa repercutirá en su mejor beneficio. 386. Se incrementará el presupuesto público gradualmente para los sectores educación y salud hasta llegar a la base futura mínima del 6% para el sector educación y 8% para el sector salud. III.4.4 Sistemas de pensiones Para la mejora de los sistemas de pensiones se realizará las siguientes acciones: 1. A corto plazo, se normará que las AFPs obligatoriamente tengan dar una rentabilidad anual mayor al promedio de las tasas de interés por depósitos a plazo fijo a los afiliados en todos los tipos de fondos. Además, en ningún caso podrán trasladar las pérdidas de sus inversiones a los afiliados. 2. Se creará el Sistema Único Previsional (SUP) del Estado Peruano con capacidades para realizar inversiones a corto, mediano y largo plazo. El Sistema Único Previsional (SUP) del Estado Peruano podrá realizar inversiones de mediano y largo plazo rentables para que se mejore los montos de pensiones, cobertura de pólizas de seguros contra accidentes y cobertura de pólizas de seguros de vida de todos los peruanos. Adicionalmente, los ciudadanos podrán contratar otros servicios de pensiones en el sector privado vía administradoras de fondos de pensiones, depósitos a plazo fijo o cualquier otra modalidad que ofrezcan las entidades financieras o previsionales. También, si lo desean, los peruanos podrán contratar otros servicios de seguros contra accidentes y seguros de vida en el sector privado. III.4.5 Reducción de la informalidad, incremento de la recaudación tributaria y reforma tributaria Para la reducción de la informalidad, el incremento de la recaudación tributaria y la reforma tributaria se realizarán las siguientes acciones: 1. Se reducirá la informalidad, se aumentará la recaudación tributaria exponencialmente y a la vez se fortalecerán los servicios fundamentales de los ciudadanos del Estado Peruano, mediante el uso del 25% del monto del IGV de las compras de bienes y servicios que paguen los ciudadanos, conforme se indica a continuación: A. El 5% para la atención en el Sistema Único Integral de Salud (SUIS) del Estado Peruano. B. El 10% para las pensiones que serán pagadas por el Sistema Único Previsional (SUP) del Estado Peruano C. El 2.5% para los seguros de vida y seguros contra accidentes que serán pagados por el Sistema Único Previsional (SUP) del Estado Peruano D. El 5% para el acceso a los servicios educativos del Estado Peruano 39E. El 2.5% para el acceso a los servicios de seguridad interna El 75% restante contribuirá con otros servicios que le otorgue el Estado Peruano. Los porcentajes descritos serán individualizados por cada ciudadano, de manera que se podrá identificar la contribución exacta de cada ciudadano a los ingresos por recaudación tributaria. Se establecerán montos mínimos de compra de acuerdo a ley para acceder a estos beneficios. Así lograremos estimular que los ciudadanos peruanos pidan comprobantes de pago y tributen para su beneficio personal y para el beneficio común de todos los ciudadanos peruanos. Cabe resaltar que las causas de la informalidad en gran parte se deben a que los ciudadanos no perciben beneficios por los impuestos que pagan y a que los ciudadanos no consideran necesario pagar los impuestos porque consideran que se lo llevarán los corruptos (Álvarez y Alfaro, 2015). 2. Se contribuirá también a reducir la informalidad con las siguientes acciones: i. Establecimiento de la gratuidad para la formalización microempresas y pequeñas empresas (Alfaro, 2015b) ii. Algunas acciones recomendadas por Alfaro (2015b, p. 1) fueron las siguientes: C. de Preparar cursos virtuales en alianza con las mejores universidades e institutos de educación superior de cada región o a nivel nacional, de manera que los microempresarios o los pequeños empresarios que deseen iniciar sus empresas, puedan estar capacitados antes y durante el desarrollo de sus empresas. D. Ofrecer asistencia técnica personalizada para la formalización durante los primeros dos años de funcionamiento de las microempresas y de las pequeñas empresas, para que fortalezcan su despegue. Para este fin, el Estado deberá hacer alianzas con las mejores universidades e institutos de educación superior de cada región o a nivel nacional, para que puedan dar el soporte académico o de asistencia técnica correspondiente. E. Establecer que en la educación básica regular en los últimos dos años de la educación primaria, se enseñe cómo elaborar presupuestos de ingresos y egresos familiares detallados. La elaboración de presupuestos familiares ayudará a la formación de una cultura orientada a la planificación presupuestal, para que en el futuro, la elaboración del presupuesto en las empresas y el pago de impuestos que sería incluido en el presupuesto, les resulte natural y obligatoria. 40F. Establecer que en la educación básica regular en los últimos dos años de la educación secundaria, se enseñe cómo realizar presupuestos de ingresos y egresos organizacionales detallados. Se debe desarrollar plantillas presupuestales para que los alumnos tengan mayor claridad acerca de los conceptos de costos que están asociados a las actividades empresariales de los diversos sectores, y a su vez, esto ayudaría a estimular la creación de empresas en los alumnos, ya que al tener la claridad de las inversiones y los gastos, y de las actividades generales que tendrían que realizar, muchos de ellos verían que no es algo imposible ni muy lejano de lograr, sobre todo si se establecen alianzas con reglas claras. Como consecuencia, el pago de impuestos, contribuciones y tasas estaría presente en las mentes y en los presupuestos de la población adulta futura cuando trabajen en las empresas o formen su propia empresa, lo que a su vez ayudaría en el mediano y largo plazo, a tener mayor recaudación de impuestos. G. Establecer que todas las carreras técnicas y todas las carreras universitarias incluyan por lo menos un curso en el que se enseñe cómo realizar presupuestos detallados para las organizaciones. Muchos profesionales no han recibido ni un solo curso de administración ni un curso de elaboración de presupuestos durante su carrera universitaria y solo una minoría ha recibido cursos específicos sobre esta temática; por lo tanto, cuando quieren dirigir áreas de empresas o formar las propias, no lo hacen teniendo en cuenta la elaboración de presupuestos de manera detallada. H. Exigir normativamente la presentación de presupuestos anuales ante la SUNAT, antes del inicio de cada año. De esta manera, habrá una exigencia normativa que resultará en beneficio sobre todo para los microempresarios y pequeños empresarios, en cuyas empresas comúnmente no se observa la preparación de presupuestos anuales, lo que a su vez trae aspectos muy negativos para su gestión. Además, a la SUNAT le ayudaría a proyectar la recaudación de impuestos. I. Reducir gradualmente hasta eliminar los cobros de impuestos, contribuciones y tasas del Estado, que no son dados claramente ante una contraprestación de servicios; entre ellos: impuestos a las propiedades, impuestos a las transacciones financieras electrónicas, pagos municipales por derecho a tener letreros, entre otros. 3. Se desarrollará una reforma tributaria que permita la descentralización de la administración de los recursos a nivel nacional, regional y local. III.4.6 Competitividad 41Para mejorar la competitividad de las entidades del Estado Peruano, se realizarán las siguientes acciones: 1. Se establecerá a la gestión sostenible de la tierra como uno de los pilares principales de la competitividad. Los proyectos de gestión sostenible de la tierra serán proyectos desarrollados con una visión integral en lo referente a: (a) la lucha contra la desertificación, la degradación y la sequía, (b) la conservación de la diversidad biológica, (c) la lucha contra el cambio climático y (d) la gestión contra riesgos de desastres. No es posible que se logre tener un país competitivo si se degrada o destruye los recursos naturales o si no se toma en cuenta las previsiones para evitar su deterioro o daño temporal o perpetuo ante la ocurrencia de desastres. 2. Se aumentará los presupuestos de los fondos para proyectos de investigación científica o innovación tecnológica existentes y se diversificarán con orientaciones a diversos sectores clave para el desarrollo del país, de acuerdo a su naturaleza. Dentro de estos fondos habrá montos especialmente asignados para financiar las tesis y trabajos de investigación de pregrado y postgrado que propongan productos con potencial para tener registros de certificados de obtentor, patentes de invención y modelos de utilidad, así como la creación de software. De esta manera se estimulará el desarrollo de investigaciones científicas e innovaciones tecnológicas que realmente promuevan el desarrollo del país y se facilitará el financiamiento para el logro de los trabajos de investigación y tesis que son necesarias para la obtención de grados y títulos. También se asignarán fondos para promover la investigación científica y la innovación en las microempresas y en las pequeñas empresas. 3. Se eliminarán los peajes a nivel nacional por ser una fuente de costos indebidos, una restricción al libre tránsito por el territorio del país y por ser la causa parcial del tráfico vehicular en diversas ciudades. Además, gran parte de los contratos de peajes han sido generados con contratos lesivos a los intereses del Estado Peruano bajo actos de corrupción de funcionarios. 4. Se eliminarán los cobros indebidos que realizan diversas entidades públicas a los ciudadanos peruanos y a las micro y pequeñas empresas por trasladar la información ya registrada en otra entidad pública. Los servicios por los que cobre el Estado Peruano deberán ser aquellos que realmente sean brindados. 5. Se promoverá el desarrollo de la ley Servir; pero, se eliminará todos los textos, acápites o artículos referentes a la falta de estabilidad laboral de los trabajadores que ganen concursos de plazas laborales en el Estado Peruano cumpliendo todos los requisitos establecidos por las bases. De esta manera se evitará potenciales usos represivos y/o injustos de la evaluación contra los trabajadores y se les dará la tranquilidad necesaria para que puedan desarrollar su proyecto de vida profesional y laboral dentro de las entidades públicas. 42III.4.7 Gasto eficiente del Estado Para realizar un gasto eficiente del Estado Peruano, se desarrollarán las siguientes acciones: 1. Se renegociará los intereses y/o se pagará la deuda del Estado Peruano con organismos internacionales a fin de evitar el pago de elevados intereses permanentemente. 2. Se desarrollará un sistema de control de gestión integrado de todas las entidades del Estado Peruano a nivel estratégico, táctico y operativo con una orientación a resultados, que permita el monitoreo y control de todos los procesos del Estado a los ciudadanos peruanos. Así los peruanos sabrán cuáles de sus entidades públicas están funcionado acordes a los estándares que se determinen para su adecuado funcionamiento. 3. A través del Concytec se promoverá el desarrollo de la ciencia abierta, a fin de reducir gradualmente los costos de los derechos de publicación que pagan las universidades e institutos de investigación a las editoriales internacionales. 4. Se promoverá el uso de software libre entre las entidades públicas, a fin de evitar costos de licenciamiento y/o actualización. Software libre significa software de código fuente abierto (permite que se pueda ver cómo estuvo hecho y la realización de modificaciones) y gratuito. En el caso que las áreas componentes del Sistema Nacional de Informática en las entidades públicas decidan mantener o contratar nuevo software licenciado, obligatoriamente deberán demostrar a través de una evaluación de costo- beneficio y una evaluación de riesgos a corto, mediano y largo plazo que la decisión adoptada para mantener o contratar software licenciado es la mejor. III.5 Eje 5 – Desarrollo regional e infraestructura Para el “Eje 5: Desarrollo regional e infraestructura” se propone las siguientes acciones: 1. Se promoverá el desarrollo de aeropuertos en las diversas regiones para estimular el turismo y otras actividades económicas. 2. Se promoverá el desarrollo de dos mega puertos marítimos a lo largo de la Costa, con la finalidad de fortalecer el intercambio comercial nacional e internacional. 3. Se promoverá el desarrollo de trenes de transporte de carga, mercancías y personas para unir las diversas regiones del país y favorecer los intercambios comerciales. 4. Se construirá la infraestructura de redes y servicios de telecomunicaciones del Estado Peruano a nivel nacional, de manera que se pueda tener acceso 43a Internet para la educación, la salud, la seguridad y la defensa para los ciudadanos peruanos a nivel nacional, regional y local. 5. Se velará por el cumplimiento de la propuesta de reforma constitucional que establece que se tendrá lo siguiente: (a) por lo menos un centro de educación del Estado de los niveles inicial y primaria en cada distrito, (b) por lo menos un centro de educación secundaria del Estado y otro de naturaleza técnica en cada provincia y (c) por lo menos un centro público de educación superior tecnológica y una universidad pública del Estado en cada departamento o región (Alcántara, 2020). 6. Se fortalecerá la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) hasta lograr la disponibilidad e integración total de los servicios entre las diversas entidades públicas, así como los servicios que ofrecen a las entidades del sector privado y a los ciudadanos. III.6 Eje 6 – Recursos naturales y ambiente Para el “Eje 6: Recursos naturales y ambiente” se propone las siguientes acciones: 1. Se eliminará la posibilidad de hacer minería y extraer materiales de acarreo en las cabeceras de cuencas y en general en todas las zonas cercanas a fuentes de recursos naturales, tales como: agua, bosques naturales, flora, fauna, entre otras. 2. Durante los primeros dos años se capacitará a nivel nacional, regional y local sobre los daños a los recursos naturales relacionados con la roza y la quema de la cobertura vegetal a nivel nacional. Asimismo, luego de la capacitación intensiva a nivel nacional se incrementarán y aplicarán las sanciones para quienes dañen los recursos naturales a través de estas malas prácticas. 3. Se cumplirá estrictamente con la consulta y con la aprobación de las comunidades campesinas y nativas para la realización de las actividades de extracción de recursos naturales en zonas cercanas a sus terrenos. 4. Se cumplirá estrictamente con las evaluaciones ambientales estratégicas, así como con la veeduría de organismos internacionales especializados, de manera previa a la aprobación de las concesiones para la explotación de los recursos naturales. 5. Se promoverá la individualización de los minerales en zonas geográficas, así como la instalación de plantas metalúrgicas que respeten estrictamente las normas sobre protección ambiental y protección de la salud y que permitan dar el valor agregado correspondiente a nuestros recursos minerales. 6. Se desarrollará diversos proyectos dentro de un programa de gestión sostenible de la tierra en las diversas regiones a nivel nacional, priorizando 44las zonas más afectadas y las zonas que potencialmente estarán más afectadas. Entre los proyectos de gestión sostenible de la tierra se incluirá: A. Elaboración y/o actualización de las líneas de base para las intervenciones B. Proyectos de forestación y reforestación C. Proyectos de capacitación en pastoreo planificado D. Proyectos de capacitación en técnicas ancestrales para la recolección del agua E. Proyectos de recuperación de suelos degradados o desertificados F. Proyectos de conservación de la diversidad biológica G. Proyectos de construcción de infraestructura de almacenamiento de agua y recarga del acuífero (zanjas de infiltración y micro-reservorios) H. Proyectos de construcción de sistemas de irrigación y sistemas de drenaje I. Proyectos de riego tecnificado por goteo J. Proyectos de infraestructura y equipamiento para el fortalecimiento de capacidades para la gestión sostenible de la tierra K. Proyectos de infraestructura y equipamiento para la investigación científica y la innovación tecnológica para la gestión sostenible de la tierra L. Fortalecimiento de la temática de la gestión sostenible de la tierra en los documentos normativos regionales y locales a nivel nacional M. Monitoreo y control para evitar la deforestación y la degradación de los suelos N. Estudios comparativos del costo/efectividad de las buenas prácticas para la gestión sostenible de la tierra O. Proyectos binacionales para la gestión sostenible de la tierra con países fronterizos: Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. IV.PROPUESTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GOBIERNO 45El Presidente de la República, los ministros y los titulares de los organismos autónomos deberán rendir cuentas a la población a través de los siguientes medios: 1. Informes mensuales, trimestrales y anuales sobre los avances en el cumplimiento y sobre los resultados de gestión de sus sectores y/o entidades a través de los medios de comunicación escrita, tales como: sitios web, boletines mensuales digitales y el diario oficial El Peruano 2. Exposiciones públicas trimestrales y anuales de los resultados de gestión de sus sectores y entidades con un enfoque de beneficio concreto para los ciudadanos, vía los canales de televisión y radio del Estado Peruano a nivel nacional, regional y local y con la participación de los siguientes entes: prensa nacional, prensa regional, prensa local, Congreso de la República, Poder Judicial, gremios empresariales, entidades de educación superior y otros representantes de la sociedad civil. Referencias Alcántara, A. A. (2020). Propuesta de reforma total de la constitución vía referéndum. Lima, Perú: Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú. Alfaro, E. A. (2018). La implementación del sistema de control interno en las entidades públicas es vital y urgente para el Perú. Boletín N° 36 del Centro de Educación Continua de la PUCP – Mayo 2018. http://cec.pucp.edu.pe/boletin/docs/emigdio-control-interno.pdf Alfaro, E. A. (2015a). Identificación Genética Masiva: Inicio de una posible solución a la delincuencia. CENTRUM Al Día, No 67. Alfaro, E. A. (2015b). ¿Cómo reducir la informalidad? CENTRUM Al Día, No 90. Alfaro, E. A. (2015c). ¿Cómo reducir la corrupción en el sector público? CENTRUM Al Día, No 90. Aspauza, M. L. (2020). Las actividades laborales en las prisiones peruanas como herramientas para la reinserción social del condenado: ¿Medidas efectivas o meramente simbólicas? Gaceta Penal & Procesal Penal, 1(127), 323-335. https://prcp.com.pe/wp-content/uploads/2020/01/Las- actividades-laborales-en-las-prisiones-paeruanas-como-herramientas- para-la-reinserci%C3%B3n-social-del-condenado_compressed-1.pdf Alva, M. A. (2020). Presupuesto del sector público 2020. https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/documentac/present_ppt o_publico2020.pdf Álvarez, C. A. y Alfaro, E. A. (2015). Más allá de Piketty y De Soto . las causas de la informalidad. CENTRUM Al Día, No 62. 46Banco Central de Reserva del Perú (2020). 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Dimensión económica 12 2.1 Aspectos macroeconómicos 12 2.2 Empleo  13 2.3 Desarrollo regional e infraestructura  . 13 3. Dimensión ambiental 14 4. Dimensión institucional . 15 4.1 Lograr la aprobación de una nueva Constitución Política del Perú  15 4.2 Lucha frontal contra la corrupción . 15 Referencias 16 2RESUMEN DEL PLAN DE GOBIERNO DE DEMOCRACIA DIRECTA 2021-2026 1. Dimensión social 1.1 Desarrollo humano ajustado por desigualdad Problemas identificados El índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad del Perú tuvo un valor bajo de 0.473 en el 2017 (PNUD, 2020). Objetivos estratégicos Indicadores Metas al 2022 Metas al 2024 Metas al 2026 Aumentar el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad, priorizando las zonas de mayor pobreza (IDH-D) Incremento del índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad 10% 15% 20% 1.2 Atención inmediata a los conflictos sociales y fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo Problemas identificados Desde septiembre 2019 hasta septiembre 2020, la cantidad de conflictos sociales registrados ha sido prácticamente la misma, la que ha estado entre 184 y 192, siendo 189 la cantidad registrada a septiembre 2020 (Defensoría del Pueblo, 2020a), lo que evidencia la poca capacidad de resolución de conflictos que tiene el Estado Peruano. Además, la cantidad de conflictos sociales por nivel de gobierno ha sido la siguiente: (a) gobierno nacional (116 – 61.4%), (b) gobierno regional (46 – 24.3%), (c) gobierno local (19 – 10.1%), (d) Poder Judicial (4 – 2.1%), (e) organismos constitucionales autónomos (2 – 1.1%) y (f) Poder Legislativo (2 – 1.1%) (Defensoría del Pueblo, 2020a, p. 7). El presupuesto institucional de apertura del 2020 de la Defensoría del Pueblo fue s/. 73’574,449 soles, el cual es insuficiente para atender la demanda y contribuir a la solución de los conflictos sociales. Objetivos estratégicos Indicadores Metas al 2022 Metas al 2024 Metas al 2026 Resolver los conflictos sociales en todos los niveles de gobierno. Incremento del porcentaje de conflictos sociales resueltos 25% 50% 75% Asignar un presupuesto institucional que permita identificar, registrar, atender y dar solución a los conflictos sociales. Incremento del presupuesto de la Defensoría del Pueblo 100% 200% 300% 31.3 Derecho a la salud Problemas identificados El presupuesto institucional modificado a octubre 2020 del Ministerio de Salud fue S/. 9,769’434,242 soles (Ministerio de Salud, 2020a). Este presupuesto no ha sido suficiente para atender la pandemia y tampoco es suficiente para dar una atención de salud de calidad para los peruanos. Además, el sector salud recibe aproximadamente solo el 3% del PBI (El Peruano, 2020, párr. 3). La desnutrición crónica en niños menores de 5 años del 2015 al 2019 ha descendido de 18.8% a 16% (Instituto Nacional de Salud, 2020a, p. 12), siendo las regiones de Huancavelica, Cajamarca y Loreto las más afectadas con 30.1%, 27.3% y 24.5% respectivamente, en el 2019 (Instituto Nacional de Salud, 2020a, p. 13). Además, la anemia en niños menores de 5 años ha descendido de 49.8% a 37% (Instituto Nacional de Salud, 2020a, p. 3), siendo las regiones de Ucayali, Madre de Dios y Cusco las más afectadas con 60.4%, 55.5% y 52.7%, respectivamente, en el 2019 (Instituto Nacional de Salud, 2020a, p. 4); sin embargo, la pandemia de la COVID-19 habría agravado esta situación aún más. También cabe resaltar que el presupuesto modificado institucional del Programa Articulado Nutricional ha aumentado de S/. 1,199 millones a S/.2,845 millones del 2008 al 2019 (ComexPerú, 2020, párr. 3); sin embargo, este incremento presupuestal ha sido insuficiente para superar la desnutrición crónica y la anemia en el Perú. El presupuesto institucional modificado del programa presupuestal “0131 Control y prevención en salud mental” al 30 de setiembre de 2020 fue 126.6 millones (Mazzetti, 2020, p. 17). Cabe resaltar que los casos de problemas de salud mental atendidos desde el 2009 hasta el 2017 han crecido de la siguiente manera: (a) ansiedad (de 165,461 a 245,503), (b) depresión (de 105,300 a 187,311), (c) violencia (de 51,834 a 100,881), (d) psicosis (de 21,769 a 66,583) y (e) adicciones (de 12,097 a 44,661) (Ministerio de Salud, 2018, p. 26). Además, se estableció como línea de base que en el 2017 se atendía al 20.4% de la población con problemas de salud mental (Ministerio de Salud, 2018, p. 42). Estas deficiencias en la atención habrían incrementado durante la pandemia de la COVID-19. Objetivos estratégicos Indicadores Asignar un presupuesto que permita mejorar significativamente el estado de salud de la población Asignar un presupuesto al Programa Articulado Nutricional que permita superar la desnutrición crónica y la anemia infantil Presupuesto del sector salud como porcentaje del PBI Asignar un presupuesto al programa presupuestal “0131 Control y prevención en salud mental” que permita atender al 100% de la población con problemas de salud mental. Incremento del presupuesto del programa presupuestal “0131 Control y prevención en salud mental” Incremento del presupuesto del Programa Articulado Nutricional Metas al 2022 Metas al 2024 Metas al 2026 6% 7% 8% 100% 200% 300% 100% 200% 300% 4Problemas identificados El Perú tiene un sistema fragmentado de salud: Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – Essalud, Ministerio de Defensa (Hospital Militar, Hospital Naval y Hospital de la Fuerza Aérea) y Ministerio del Interior (Hospital de las Fuerzas Policiales). Esta situación dificulta la toma de decisiones y la implementación inmediata y adecuada de las políticas. El sistema de salud abarca tratamiento y recuperación de la enfermedad; pero, no hay sistema de promoción del cuidado de la salud que promocione hábitos de vida saludables y detección inmediata de signos y síntomas de enfermedad. Se requiere garantizar la capacidad de respuesta del primer nivel de atención a la pandemia de la COVID-19 para tener una respuesta inmediata a los requerimientos de cada familia, con asistencia profesional, medicamentos y orientaciones, evitando su complicación. Además, se requiere regulación, control y drásticas sanciones relacionadas con malas prácticas o delitos asociados a la producción y distribución de oxígeno y medicamentos, para evitar la especulación y el abuso. Al 16 de diciembre de 2020, la pandemia de la COVID-19 sigue en aumento, habiendo llegado a 989,457 casos confirmados con un 3.73% de letalidad (Ministerio de Salud, 2020c) y a la fecha no ha realizado pagos por la compra de vacunas (Gestión, 2020b). Objetivos estratégicos Indicadores Metas al 2022 Metas al 2024 Metas al 2026 Reformar el sistema de salud hacia un sistema de salud unificado, público, universal, gratuito y de calidad Avance en la reforma del sistema de salud 50% 100% --- Crear el Viceministerio de Promoción del Cuidado de la salud Avance en la creación del Viceministerio de Promoción del Cuidado de la Salud Porcentaje de distritos organizados para el cuidado de la salud y combate de la pandemia. 100% --- --- 30% 40% 60% Porcentaje de la población vacunada contra la COVID-19 30% 70% 100% Implementar una estrategia social para enfrentar la pandemia de la COVID-19, fortalecer la organización familiar y comunitaria y fortalecer el primer nivel de atención. Vacunar contra la COVID-19 por lo menos al 70% de la población, buscando llegar al 100% al final del período de gobierno. 51.4 Derecho a la educación Problemas identificados Objetivos estratégicos Indicadores Metas al 2022 Metas al 2024 Metas al 2026 Para el año 2020, el presupuesto del sector educación ha sido el 17.7% con respecto al total (Alva, 2020). Según los especialistas de Channel News Perú (2020): para el año 2020 se destinó el 3.8% del Producto Interno Bruto para el sector educación, siendo un monto de S/. 31,328 millones. Con respecto a los niveles de desempeño de lectura en la prueba PISA en los estudiantes de la educación básica regular, en el 2018 se tuvo: (i) 54.4% de los estudiantes en el nivel 1 (niveles 1a, 1b, 1c y menor al 1c), (ii) 25.8% en el nivel 2, (iii) 14.3% en el nivel 3, (iv) 4.8% en el nivel 4, (v) 0.8% en el nivel 5 y (vi) 0.0% en el nivel 6 (Ministerio de Educación, 2019, p. 18). Además, el Perú ocupó el puesto 64 de 77 países en la prueba internacional PISA 2018 en comprensión lectora (Gestión, 2019). Con respecto a los niveles de desempeño de matemática, en el 2018 se tuvo: (i) 32% en el nivel menor a 1, (ii) 28.4% en el nivel 1, (iii) 21.0% en el nivel 2, (iv) 9.8% en el nivel 3, (v) 4.8% en el nivel 4, (vi) 0.8% en el nivel 5 y (vii) 0.1% en el nivel 6 (Ministerio de Educación, 2019, p. 31). Asignar al sector educación el presupuesto necesario para tener una educación de alta calidad Incremento del presupuesto del sector educación como porcentaje del PBI 4.5% 5.25% 6% Mejorar significativamente los niveles de desempeño de lectura de los estudiantes de la educación básica regular. Porcentaje de estudiantes en niveles de desempeño de lectura 4, 5 y 6 Porcentaje de estudiantes en niveles de desempeño de lectura 1 o menor a 1 No menor al 10% No menor al 15% No menor al 20% No mayor al 40% No mayor al 35% No mayor al 30% Mejorar significativamente los niveles de desempeño de matemática de los estudiantes de la educación básica regular. No menor al 10% No menor al 15% No menor al 20% No mayor al 55% No mayor al 47.5% No mayor al 40% Con respecto a los niveles de desempeño de ciencias en la prueba PISA en los estudiantes de la educación básica regular, en el 2018 se tuvo: (i) 54.5% de los estudiantes en el nivel 1 (niveles 1a, 1b y menor a 1b), (ii) 29.0% en el nivel 2, (iii) 13.2% en el nivel 3, (iv) 3.1% en el nivel 4, (v) 0.2% en el nivel 5 y (vi) 0.0% en el nivel 6 (Ministerio de Educación, 2019, p. 44). Mejorar significativamente los niveles de desempeño de ciencias de los estudiantes de la educación básica regular. Porcentaje de estudiantes en niveles de desempeño de matemática 4, 5 y 6 Porcentaje de estudiantes en niveles de desempeño de matemática 1 o menor a 1 Porcentaje de estudiantes en niveles de desempeño de ciencia 4, 5 y 6 Porcentaje de estudiantes en niveles de desempeño de ciencia 1 o menor a 1 No menor al 10% No menor al 15% No menor al 20% No mayor al 50% No mayor al 45% No mayor al 40% 6Problemas identificados Objetivos estratégicos Indicadores Metas al 2022 Metas al 2024 Metas al 2026 La desatención de varios gobiernos ha mantenido a muchos colegios al borde total o parcial del colapso. Según el diagnóstico de brechas del Ministerio de Educación descrito en la Resolución Ministerial 049-2020-MINEDU, los porcentajes de centros educativos con capacidad instalada inadecuada en los que se brinda el servicio educativo son los siguientes: (a) 92.32% en la educación inicial, (b) 96.07% en la educación primaria, (c) 91.53% en la educación secundaria, (d) 88.85% en la educación básica alternativa, (e) 93.49% en la educación básica especial, (f) 98.99% en el programa de intervención temprana, (g) 100% en la educación superior artística, (h) 92.49% en la educación superior tecnológica y (g) 94.56% en la educación técnico productiva (Ministerio de Educación, 2020), Según lo expuesto por el ex - ministro Daniel Alfaro, existe una brecha de 100,000 millones de soles (Gestión, 2018). Igualmente hay retraso en su equipamiento que hace la educación a distancia- virtual casi impracticable que por ahora se sustenta en laptops, tablets y celulares particulares. Durante el 2020 en plena pandemia, los profesores no estaban capacitados para la implementación de programas de educación virtual siendo un reto muy grande que debieron enfrentar (Defensoría del Pueblo, 2020b). Se ha improvisado y aprendido en la práctica. Mejorar las condiciones infraestructura y equipamiento de escuelas en las zonas menos favorecidas. Porcentaje de cierre la brecha de infraestructura No mayor al 80% No mayor al 70% No mayor al 50% Porcentaje de cierre de la brecha en equipamiento No mayor al 80% No mayor al 70% No mayor al 50% Capacitar a los profesores en la educación virtual priorizando las zonas rurales. Adecuar el currículo escolar en sus diferentes niveles, de acuerdo a la realidad y necesidades regionales. Porcentaje de profesores capacitados en la educación virtual Porcentaje de escuelas que han actualizado sus currículos, en función de necesidades regionales 70% 100% 100% 50% 75% 100% El artículo 23 del Reglamento de la Educación Básica Regular precisa lo siguiente: “El Ministerio de Educación establece los lineamientos para la diversificación curricular a nivel regional e institucional para que, basados en el Diseño Curricular Nacional de la EBR, se construyan currículos pertinentes a las características específicas, necesidades y demandas de los estudiantes en función de sus entornos socio-culturales, lingüísticos y económico-productivos.” (Ministerio de Educación, 2004). Sin embargo, estas mejoras en los diseños curriculares de la educación básica regular aún no se concretan a nivel nacional, regional y local. 71.5 Derecho a la seguridad ciudadana y a la defensa nacional Problemas identificados Objetivos estratégicos Desde el 2012 hasta el 2017 se aumentó el total de efectivos policiales en las comisarías de 34,805 a 47,265, lo que a su vez ha aumentado el ratio de efectivos policiales por población 1 policía por cada 866 habitantes a 1 por cada 673 habitantes (Universidad Antonio Ruiz de Montoya, 2019). Sin embargo, de marzo a agosto 2020, los porcentajes de la población peruana que sufrieron algún hecho delictivo fueron: (a) 17.2% de la población de centros poblados urbanos entre 2 mil y 20 mil habitantes, (b) 23.7% de la población nacional urbana y (c) 26.3% de la población de ciudades de 20 mil a más habitantes (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020a, p. 1). Formar a los oficiales y suboficiales que se requerirán para tener una seguridad ciudadana ejemplar a nivel nacional, regional y local. Cabe resaltar que al 14 de abril de 2020 había aproximadamente 136 mil efectivos policiales en el Perú (Instituto de Defensa Legal, 2020) y que a inicio de agosto 2020 se incorporó 5001 efectivos policiales (Infodefensa, 2020a), sumando aproximadamente 141 mil efectivos policiales a la fecha. Además, se debe mejorar las condiciones de infraestructura, equipamiento y servicios especializados para que la Policía Nacional del Perú pueda realizar sus funciones de manera efectiva (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018a). Las cárceles peruanas han polarizado a la población reclusa y libre y los ha desconectado como parte de la misma sociedad a lo largo de su historia, lo que hace muy difícil la reinserción de los recién liberados (Aspauza, 2020, p. 334) Indicadores Metas al 2022 Metas al 2024 Metas al 2026 Incremento del personal policial disponible para la seguridad ciudadana 50% 100% 150% Dotar a los oficiales y suboficiales de la PNP con la infraestructura, equipamiento y servicios especializados suficientes. Incremento del presupuesto para la infraestructura, equipamiento y servicios especializados de las dependencias policiales 50% 100% 150% Lograr que las cárceles sean verdaderos centros de preparación para la reinserción social de las personas privadas de libertad. Porcentaje de reclusos que participan en programas de formación académica, laboral y empresarial en los establecimientos penitenciarios Porcentaje de reclusos que son empleados por empresas en los establecimientos penitenciarios 25% 35% 50% 10% 20% 30% 8Problemas identificados El porcentaje de la población de 15 y más años de edad que ha sido víctima de robo de dinero, cartera o celular de marzo a agosto 2020 fue 13.8% (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020a, p. 3). El porcentaje de la población de 15 y más años de edad que ha sido víctima de intento de robo de dinero, cartera o celular de marzo a agosto 2020 fue 4.8% (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020a, p. 3). El porcentaje de la población de 15 y más años de edad que ha sido víctima de estafa de marzo a agosto 2020 fue 2.9% (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020a, p. 3). El porcentaje de la población de 15 y más años de edad que ha sido víctima de robo de vehículo de marzo a agosto 2020 fue 1.6% (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020a, p. 3). El porcentaje de la población de 15 y más años de edad que ha sido víctima de intento de robo de vehículo de marzo a agosto 2020 fue 1.0% (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020a, p. 3). El porcentaje de la población de 15 y más años de edad que ha sido víctima de amenazas e intimidaciones de marzo a agosto 2020 fue 1.3% (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020a, p. 3). El porcentaje de la población de 15 y más años de edad que ha sido víctima de maltrato y ofensa sexual de marzo a agosto 2020 fue 1.5% (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020a, p. 3). El porcentaje de la población de 15 y más años de edad que ha sido víctima de robo de negocio de marzo a agosto 2020 fue 0.3% (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020a, p. 3). El porcentaje de la población de 15 y más años de edad que ha sido víctima de secuestro y extorsión de marzo a agosto 2020 fue 0.2% (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020a, p. 3). El porcentaje de la población de 15 y más años de edad que ha sido víctima de otros casos de delitos de marzo a agosto 2020 fue 0.5% (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020a, p. 3). Objetivos estratégicos Indicadores Metas al 2022 Metas al 2024 Metas al 2026 Reducir la proporción de la población afectada por hechos delictivos de manera significativa. Reducción del porcentaje de la población afectada por casos de robo de dinero, cartera o celular Reducción del porcentaje de la población afectada por casos de intento de robo de dinero, cartera o celular Reducción del porcentaje de la población afectada por casos de estafas Reducción del porcentaje de la población afectada por casos de robos de vehículos Reducción del porcentaje de la población afectada por casos de intentos de robos de vehículos Reducción del porcentaje de la población afectada por casos de amenazas e intimidaciones Reducción del porcentaje de la población afectada por casos de maltrato y ofensa sexual Reducción del porcentaje de la población afectada por casos de robos de negocios Reducción del porcentaje de la población afectada por casos de secuestro y extorsión Reducción del porcentaje de la población afectada por otros casos de delitos No mayor a 10% No mayor a 4% No mayor a 8% No mayor a 3% No mayor a 6% No mayor a 2% No mayor a 2.5% No mayor a 1.3% No mayor a 0.8% No mayor a 1.1% No mayor a 1.3% No mayor a 0.25% No mayor a 0.17% No mayor a 0.45% No mayor a 2.1% No mayor a 1.0% No mayor a 0.6% No mayor a 0.9% No mayor a 1.1% No mayor a 0.20% No mayor a 0.14% No mayor a 0.40% No mayor a 1.7% No mayor a 0.7% No mayor a 0.4% No mayor a 0.7% No mayor a 0.9% No mayor a 0.15% No mayor a 0.11% No mayor a 0.35% 9Problemas identificados Objetivos estratégicos Indicadores Metas al 2022 Metas al 2024 Metas al 2026 En el 2019 hubo 276,322 denuncias de violencia familiar, de las cuales 116,458 fueron denuncias de violencia física, 133,653 fueron denuncias de violencia psicológica y 26,211 fueron de otro tipo; además, de enero a junio 2020 se dieron 112,903 denuncias (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020a). En el 2019 hubo 8,255 denuncias de violencia sexual y de enero a junio 2020 hubo 3,485 denuncias (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020a). Del 2015 al 2018 se ha tenido las siguientes cantidades de víctimas de femicidio: (a) 69 en el 2015, (b) 86 en el 2016, (c) 96 en el 2017, (d) 110 en el 2018 y (e) 104 en el 2019; además, desde enero hasta septiembre 2020 se registraron 96 víctimas de feminicidio (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020a). En el 2019 se registraron 2,803 víctimas de homicidio culposo y doloso y de enero a junio 2020 se registraron 1358 víctimas (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020a). En el 2019 hubo 1,365 denuncias de trata de personas y de enero a marzo 2020 hubo 270 denuncias (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020a). El presupuesto que iba a tener el Ministerio del Interior para el “Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021” era solo 7.5 millones de soles, los que iban a ser divididos entre la Dirección de Investigación de Delitos de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (Dirintrap) de la Policía Nacional y la Dirección de Seguridad Democrática (Ministerio del Interior, 2017a) y no se tenía un presupuesto integrado con las demás instituciones participantes de su implementación (Ministerio del Interior, 2017b). En el 2019 se desarticuló 4,839 bandas criminales y de enero a junio 2020 se desarticuló 1,633 bandas criminales (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020a). Reducir la violencia en los diversos ámbitos de la sociedad. Reducción de casos de violencia familiar 15% 30% 45% Reducción de casos de violencia sexual Reducción de la cantidad de víctimas de feminicidio 10% 20% 30% 20% 40% 60% Reducción de casos de homicidio culposo y doloso Reducción de los casos de trata de personas Incremento del presupuesto integrado para la lucha contra la trata de personas y para la ayuda a las víctimas Incremento de la cantidad de bandas criminales desarticuladas Reducción del narcotráfico 10% 20% 30% 25% 50% 75% 300% 500% 700% 20% 40% 60% 15% 30% 45% En el 2019 se tuvo 12,817 personas detenidas por tráfico ilícito de drogas y de enero a junio de 2020 se detuvo a 3,519 (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020a). Además, en el 2019 se incautó 61,424.3 Kg de droga decomisada y de enero a junio de 2020 se tuvo 23,154.3 Kg. (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020a). El narcotráfico tiene más de 40 años en el Perú, ha involucrado a 50,000 familias y abarca entre 40,000 y 53,000 ha de coca ilícita y la producción asciende entre 300 y 400 toneladas de cocaína; además, se ha infiltrado en las entidades públicas, en los partidos políticos y en el sector privado (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas – DEVIDA, 2017). También, el narcotráfico en el Perú ha acumulado capital ilícito de más de 20,000 millones de dólares y ha integrado a otras economías ilícitas (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas – DEVIDA, 2017). Reducir el accionar y el daño de las organizaciones criminales 10Problemas identificados Objetivos estratégicos De enero a junio de 2020 se atendió aproximadamente a 14,611 casos de adicciones a sustancias adictivas (7 320 corresponden a casos atendidos por consumo de alcohol y 7,291 correspondieron a sustancias ilegales como: cannabis, cocaína, etc.) y según los especialistas de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud del Perú: “9.4% de los peruanos tiene consumo problemático y dependencia al alcohol, mientras que el 1.5% tiene dependencia al consumo de drogas ilegales” (Radio Programas del Perú, 2020). Además, solo se tiene 169 camas de internamiento en Lima dedicadas a exclusividad para el tratamiento de pacientes adictos y solo 10 de estas para mujeres (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas – DEVIDA, 2017). La ministra de Defensa del Perú indicó que el presupuesto del sector defensa para el 2021 fue 7,427.5 millones de soles, precisando que no está prevista la compra de equipos militares relevantes (Infodefensa, 2021). Reducir el accionar y el daño de las organizaciones criminales Lograr la participación activa de las Fuerzas Armadas en el desarrollo nacional. Indicadores Metas al 2022 Metas al 2024 Metas al 2026 Incremento del presupuesto para el tratamiento y reinserción social de pacientes adictos 100% 200% 300% Incremento del presupuesto de las fuerzas armadas para su participación en el desarrollo nacional Incremento del presupuesto para la infraestructura, equipamiento y servicios especializados de las fuerzas armadas 100% 200% 300% 100% 200% 300% 1.6 Oportunidades y acceso a los servicios Problemas identificados Objetivos estratégicos Indicadores Metas al 2022 Metas al 2024 Metas al 2026 Entre abril 2018 y marzo 2019, el 24.8% de la población rural y el 4.8% de la población urbana no tenían acceso al agua potable, siendo el promedio de 90.9% a nivel nacional (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020b). Los porcentajes de viviendas que no tenían acceso al servicio de energía eléctrica mediante red pública en el Perú al 2017 eran: (a) 7.7% a nivel nacional, (b) 4.3% en la Costa, (c) 11.2% en la Sierra y (d) 15.5% en la Selva (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018b). El porcentaje de la población que usaba combustibles contaminantes para cocinar sus alimentos al 2017 era 21.3%, siendo la distribución por tipo de combustible contaminante, la siguiente: (a) 0.8% solo usaba carbón, (b) 17.3% solo usaba leña, (c) 1.8% solo usaba bosta o estiércol y (d) 1.4% usaba varios tipos de combustibles contaminantes (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018c). Además, pese a tener grandes reservas de gas natural, solo el 5.1% de las viviendas usaba gas natural a través de un sistema de tuberías (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018c). Dar el acceso al agua potable a la población. Dar el acceso a la electricidad a la población. Porcentaje de la población con acceso al agua potable Porcentaje de la población con acceso a la electricidad 92% 93.5% 95% 94% 95% 96% Dar acceso al gas natural para que la población cocine sus alimentos. Porcentaje de la población con acceso al gas natural para cocinar sus alimentos 10% 15% 20% 112. Dimensión económica 2.1 Aspectos macroeconómicos Problemas identificados Objetivos estratégicos Indicadores Metas al 2022 Metas al 2024 Metas al 2026 Existencia de bajo crecimiento de 2.16% del PBI en el 2019 (Prialé, 2020) y reducción del PBI de 12% por la pandemia en el 2020 según cifras del Banco Mundial (Gestión, 2020), así como el desarrollo de medidas económicas que no han favorecido al pueblo peruano. Incrementar el PBI nacional, priorizando a las zonas de mayor pobreza 4% 5% 6% Aumentar la tasa de crecimiento de la inversión privada US$ 20,000 millones 5,3% US$ 40,000 millones La inversión privada se incrementó en 4% el 2019, sustentada en el avance de la inversión minera (23,6%) y, en menor medida, en la inversión proveniente de otros sectores (1,2%). (Banco Central de Reserva del Perú, 2019) El gasto público de 2019 registró un crecimiento de 1%, menor al del año 2018 debido a la reducción de la inversión pública (de 5,6 a -1,4%), a pesar de una mejora del consumo público (de 0,1 a 2,1% (Banco Central de Reserva del Perú, 2019). El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se redujo de 1,7% en 2018 a 1,5% del PBI en 2019, por las menores utilidades de las empresas con inversión directa extranjera en línea con la moderación del crecimiento de la actividad (Banco Central de Reserva del Perú, 2019). La balanza comercial acumuló cuatro años consecutivos de superávit comercial, a pesar de la reducción de los términos de intercambio (Banco Central de Reserva del Perú, 2020). Incremento del PBI nacional Montos de inversión extranjera directa atraídos Tasa de crecimiento de la inversión privada 6% US$ 60,000 millones 6% Aumentar la tasa de crecimiento del gasto público, tanto inversión como consumo públicos. Mantener en equilibrio nuestras cuentas externas con un bajo déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos Tasa de crecimiento del gasto público 6% 6% 6% Déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos Menor al 2% del PBI Menor al 2% del PBI Menor al 2% del PBI En 2019 la inflación anual fue 1.90%, inferior a la tasa registrada en 2018 (2.19%), ubicándose cerca del punto medio del rango meta (entre 1% y 3%) (Banco Central de Reserva del Perú, 2020). Mantener la estabilidad de precios en la economía expresada en la tasa de inflación Tasa de inflación 2% 2% 2% 122.2 Empleo Problemas identificados Objetivos estratégicos Indicadores Metas al 2022 Metas al 2024 Metas al 2026 El empleo en julio 2020 descendió 14.4% con respecto a julio 2019, habiéndose registrado 3.12 millones de trabajadores y significando a su vez una disminución de 525 mil puestos de trabajo debido principalmente a las medidas tomadas mediante el decreto supremo No 080-2020-PCM por el Estado de Emergencia Nacional ante la COVID-19 (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2020). La Ley Servir deja abierta la posibilidad de despido de un trabajador que ha ganado un concurso para una plaza en una entidad del Estado Peruano, lo que podría prestarse a despidos arbitrarios según el sentir de muchos trabajadores estatales. Incrementar el empleo formal privado con respeto a los derechos laborales. Incremento del empleo formal con respeto a los derechos laborales 30% 50% 70% Implementar la Ley Servir mejorada con estabilidad laboral en todas las entidades públicas. Avance de la implementación de la Ley Servir mejorada con la estabilidad laboral para ganadores de concursos 20% 50% 100% 2.3 Desarrollo regional e infraestructura Problemas identificados En el 2020, el presupuesto de inversiones en los pilares de infraestructura y eficiencia de mercados del Ministerio de Transportes y Comunicaciones fue S/. 9,554.4 millones, de los cuales S/. 6,021.2 millones (63.02%) será para carreteras y puentes (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2020) El presupuesto inicial de apertura del 2020 cuyo monto ascendió a S/. 177,368 millones fue repartido en las siguientes proporciones: (a) S/. 124, 582 millones para el gobierno nacional (70.24%), (b) 31,907 millones para los gobiernos regionales (17.99%) y (c) 20,879 (11.77%) millones para los gobiernos locales (Alva, 2020, p. 6). Objetivos estratégicos Fortalecer la infraestructura de transportes y comunicaciones a lo largo del territorio nacional. Repartir la riqueza a las regiones para generar su desarrollo. Indicadores Incremento del presupuesto para la construcción de infraestructura de aeropuertos, puertos marítimos, puertos fluviales, estaciones ferroviarias, carreteras y caminos Incremento de la infraestructura de redes y servicios de telecomunicaciones del Estado Peruano para el acceso a servicios públicos Porcentaje del presupuesto nacional a favor de las regiones Porcentaje del presupuesto nacional a favor de las municipalidades Metas al 2022 100% Metas al 2024 200% Metas al 2026 300% 100% 200% 300% 25% 30% 35% 15% 20% 25% 133. Dimensión ambiental Problemas identificados Degradación de los suelos que se debe priorizar para su recuperación, correspondiente al 4.23% del territorio nacional, equivalente a 5’431,719.55 ha (Ministerio del Ambiente, 2017a, p. 19). En el 2014 el Perú tuvo emisiones totales de 167,630.30 GgCO2eq (gases de efecto invernadero), de los cuales se tuvo la siguiente distribución por sector: (a) 44.9% por USCUSS (Uso de Suelo y Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura), (b) 30% por Energía, (c) 15.6% por la agricultura, (d) 5.8% por los desechos y (e) 3.6% por los PIUP (Productos Industriales y Uso de Productos) (Ministerio del Ambiente, 2019a, p. 14). En el Sexto Informe Nacional sobre Diversidad Biológica publicado en junio 2019 se estableció como meta 1 lo siguiente: “Para el 2021 se consolida la gestión sostenible y efectiva de la biodiversidad en al menos el 17 % del ámbito terrestre y el 10 % del ámbito marino bajo distintas modalidades de conservación y manejo in situ.” (Ministerio del Ambiente, 2019b, p. 12). A enero 2017, el estado de avance de la zonificación ecológica y económica (ZEE) ha sido el siguiente: (a) 13 regiones con ZEE concluida y aprobada, (b) 2 regiones cuentan con su ZEE aprobada (Huánuco con 5 provincias con ZEE aprobada y Cusco con una Macro ZEE aprobada), (c) 5 regiones con ZEE en su etapa inicial y fase preliminar y (d) 5 regiones con ZEE en su etapa de formulación y ejecución (Ministerio del Ambiente, 2017b). Objetivos estratégicos Recuperar los suelos degradados o desertificados. Reducir los gases de efecto invernadero. Consolidar la gestión sostenible y efectiva de la biodiversidad en el ámbito terrestre bajo distintas modalidades (Ministerio del Ambiente, 2019b, p. 12). Consolidar la gestión sostenible y efectiva de la biodiversidad en el ámbito marino bajo distintas modalidades (Ministerio del Ambiente, 2019b, p. 12). Implementar el ordenamiento territorial en todas las regiones. Indicadores Metas al 2022 Metas al 2024 Metas al 2026 Recuperación de suelos degradados o desertificados Reducción de gases de efecto invernadero 0.25% 0.35% 0.50% 2.5% 5.0% 7.5% Porcentaje del ámbito terrestre que tiene una gestión sostenible y efectiva 17% 20% 25% Porcentaje del ámbito marino que tiene una gestión sostenible y efectiva 10% 12% 15% Avance en la implementación pendiente del ordenamiento territorial a través de la aprobación de las ZEEs 30% 60% 100% 144. Dimensión institucional 4.1 Lograr la aprobación de una nueva Constitución Política del Perú Problemas identificados Objetivos estratégicos Indicadores Metas al 2022 Metas al 2024 Metas al 2026 Hay diversas deficiencias en la Constitución Política del Perú de 1993 que no permiten que respete los derechos fundamentales de los peruanos y que se tenga un modelo económico, político y social que no favorece a los intereses de las grandes mayorías. Lograr la aprobación de la nueva Constitución Política del Perú vía referéndum. Logro de la aprobación de la nueva Constitución Política del Perú vía referéndum. 100% --- --- Indicadores Metas al 2022 Metas al 2024 Metas al 2026 Reducción de la cantidad de funcionarios con indicios de presuntas responsabilidades debido a la disuasión a los funcionarios corruptos por las medidas implementadas Porcentaje de entidades públicas con el sistema de control interno implementado (Alfaro, 2018) Incremento del presupuesto asignado para la implementación del sistema de control interno Avance en la implementación de las medidas anti-corrupción del plan de gobierno 20% 25% 30% 15% 30% 50% 100% 200% 300% 30% 65% 100% No mayor a 8% No mayor a 6% No mayor a 4% 4.2 Lucha frontal contra la corrupción Problemas identificados En el 2019 se ha tenido 8081 funcionarios públicos con indicios de presuntas responsabilidades administrativas (7869), civiles (2157) y penales (3079) (Shack, Pérez y Portugal, 2020, p. 24). Con respecto al avance en la implementación del sistema de control interno, del total de 3,595 entidades públicas solo 122 (3.39%) lo han implementado, 673 (18.72%) tienen algunos avances y 2,800 (77.89%) no lo han iniciado (Shack, 2019, p. 14). Esta situación es la base para la existencia de errores graves y corrupción en la gestión pública en el Estado Peruano. Se ha tenido diversos casos de evidente corrupción de funcionarios que no fueron identificados, registrados ni procesados con la evidencia correspondiente de manera oportuna e inmediata. Perjuicio económico generado por la corrupción en el 2019 equivalente a 36,742.33 millones de soles y al 14.9% de la ejecución presupuestal (Shack, Pérez y Portugal, 2020, p. 52). Objetivos estratégicos Reducir de la cantidad de funcionarios con indicios de presuntas responsabilidades debido a la disuasión a los funcionarios corruptos por las medidas implementadas. Incrementar el porcentaje de entidades públicas con el sistema de control interno implementado (Alfaro, 2018) Detectar los casos sospechosos de corrupción de manera oportuna e inmediata (Alfaro, 2015c). Reducir el perjuicio económico generado por la corrupción debido a la disuasión a los funcionarios corruptos por las medidas implementadas Reducción del perjuicio económico generado por la corrupción con respecto a la ejecución presupuestal 15Referencias Alcántara, A. A. (2020). Propuesta de reforma total de la constitución vía referéndum. Lima, Perú: Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú. Alfaro, E. A. (2018). La implementación del sistema de control interno en las entidades públicas es vital y urgente para el Perú. Boletín N° 36 del Centro de Educación Continua de la PUCP – Mayo 2018. http://cec.pucp.edu.pe/boletin/docs/emigdio-control-interno.pdf Alfaro, E. A. (2015a). Identificación Genética Masiva: Inicio de una posible solución a la delincuencia. 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